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La noticia de este lunes sobre el asesinato de la ex cónsul hondureña en Tapachula, Patricia Villamil Perdomo, inevitablemente resonó en territorio chiapaneco como resultado del “expediente abierto” que dicha funcionaria dejó en México, tras las fuertes denuncias que hizo sobre los grupos delincuenciales en la frontera sur mexicana dedicados a la trata de personas y las amenazas de muerte recibidas durante su gestión diplomática en Chiapas.
Para refrescar un poco la memoria. Villamil Perdomo se desempeñó como cónsul de Honduras en Chiapas hasta junio de 2011 cuando finalmente fue destituida después de denunciar la existencia de una importante red de trata de personas, provenientes de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, que presuntamente operaba bajo el conocimiento y/o complicidad de las autoridades estatales.
Ya antes la diplomática había denunciado constantes amenazas de muerte por parte de supuestos cárteles del narcotráfico. Se había convertido en una funcionaria incómoda para el gobierno de Juan Sabines Guerrero, durante sus últimos años de gestión. Pero la tensa situación terminó por reventar a mediados de junio de ese mismo año cuando salió a los medios de comunicación para señalar de manera directa a la entonces Secretaria de la Frontera Sur, Andrea Hernández Fitzner, y el Sub secretario de Asuntos de Migrantes, Mauricio Fabres.
La agitada e intempestiva salida de Villamil Perdomo del territorio mexicano terminó por recluirla durante los últimos años en su país natal, donde había comenzado a relanzar su carrera política, buscando recientemente una diputación suplente a cuya elección ya no pudo llegar. Patricia fue encontrada muerta este lunes en su departamento del municipio de San Francisco de Yoja, Honduras, atada de manos y con señas evidentes de haber sido asfixiada.
El asesinato de Patricia Villamil inevitablemente regresa a la palestra pública el tema de la trata de personas en Chiapas. Se trata de un delito que sigue atormentando la vida de miles de personas a lo largo del territorio mexicano, con más de dos mil 800 casos documentados tan sólo durante el 2016, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Y la cifra puede resultar realmente muy conservadora, tomando en cuenta que se trata sólo de los casos denunciados ante las procuradurías estatales, por lo que la realidad seguramente está muy por encima de las estadísticas; de esos números oficiales que representan, según los expertos, sólo un 30 o 40 por ciento de las víctimas reales.
En esta problemática Chiapas no ofrece buenos escenarios. La entidad se coloca como el estado del país con la segunda mayor incidencia de casos denunciados, sólo por debajo de Puebla que se ubica a la cabeza nacional con el mayor número de averiguaciones previas iniciadas por los delitos de explotación sexual, tráfico de mujeres y niños, con 375 casos.
Hasta septiembre del año pasado Chiapas contabilizó un total de 315 denuncias por ese mismo tipo de delitos; sin embargo, aquí en las zonas de alta incidencia son tierra fértil para la explotación sexual sin controles, sin diagnósticos verdaderos de la situación.
A nivel nacional, de un de un total de 2 mil 843 víctimas reportadas en 2016, 87.9% son mexicanas y 8.4% extranjeras; 93.4% son mujeres y 6.1% hombres; el 26.5% son menores de edad y 71.7% mayores de edad y el 3.2% no se identificó edad. En Chiapas el número de extranjeras sometidas a ese trabajo sexual se dispara drásticamente alcanzando casi el 50 por ciento de la incidencia.
Se trata, sin duda, de una problemática agudizada que crece bajo el silencio sospechoso de las autoridades responsables de atender y prevenir el problema.
Un asunto que seguramente esconde de fondo entramados de corrupción de alto nivel que muy seguramente, en su momento, empujaron la destitución de Villamil Perdomo y deberán ser consideradas como elementos importantes en las investigaciones por su lamentable asesinato.
Alerta Chiapas
