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Tren Maya y nuevo impuestos
Dulce María Sauri Riancho (*)
Fuente: Diario de Yucatán
¿Cuál es la relación entre el Tren Maya y los nuevos impuestos que pagarán los yucatecos en 2020? Aparentemente, ninguna. Pero si nos vamos más allá de la polémica obra, de su viabilidad económica y su capacidad para promover el desarrollo de la región sur-sureste, la más rezagada del país, encontraremos elementos que permiten afirmar que tren e impuestos se encuentran estrechamente vinculados.
Los cálculos del costo de esta obra monumental, que extenderá sus vías a más de 1,500 kilómetros a lo largo de cinco estados, fluctúan en torno a los 150,000 millones de pesos, casi cuatro veces el presupuesto de Yucatán para el próximo año.
Hasta el momento no se ha dado a conocer el estudio de factibilidad económica y menos aún, se ha precisado el origen de los recursos: sólo sabemos que en el Presupuesto de 2020 se asignaron algo más de 2,500 millones de pesos, principalmente para financiar los estudios y proyectos requeridos por las autoridades y por posibles inversionistas privados.
No se necesita ser financiero de altos vuelos para encontrar que el gobierno por sí mismo no contará con los fondos necesarios para construir y operar un ferrocarril de las características del Tren Maya.
Sus promotores tendrán que acudir a los fondos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que millones de trabajadores depositan mensualmente. Pero aún con las modificaciones de ley realizadas recientemente, las Afores (Administradoras de los Fondos de Retiro) tienen normatividad que cumplir para garantizar la recuperación de sus inversiones.
Y otros fondos —extranjeros, de pensiones o de inversión— son aún más puntillosos, pues tienen que asegurar la rentabilidad de los recursos a su cargo.
¿Conseguirá el gobierno federal el dinero para construir el Tren Maya? Probablemente en algunos tramos de su largo recorrido, la respuesta sea afirmativa. Por ejemplo, en la porción que va de Valladolid, pasando por Mérida, hacia Palenque y Coatzacoalcos, Carlos Slim y su poderoso grupo ha levantado la mano. Es el trecho que tiene vías operando actualmente, en el que transitan trenes de carga que mueven mercancías, combustibles y materiales de construcción entre puertos y ciudades de Golfo de México. No obstante, tendrán que ser sustituidos vías y durmientes, pues la velocidad promedio de 160 kilómetros por hora no se podría alcanzar con su estado actual.
Casi me atrevo a plantear que el problema de la construcción del Tren Maya es el menor de sus dificultades futuras.
El más relevante será la viabilidad económica de la obra. Y en este sentido, el tramo que tendría origen en las tierras yucatecas es el más prometedor. Al menos, si como todo parece indicar, el tren completo se “atora” en este sexenio, cuando menos la industria yucateca contaría con una infraestructura renovada, que reforzaría la conectividad terrestre con el centro y norte del país.
La desdibujada “consulta” del domingo pasado indica que, a pesar de las voces de alerta y los cuestionamientos, el tren va.
Hasta aquí parece un problema estrictamente del gobierno federal encontrar dinero para financiar la construcción de la obra y su posterior operación. Sin embargo, el Tren Maya es parte de la justificación del apretón presupuestal que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido darle a los gobiernos estatales y municipales de casi toda la república (la excepción son las entidades gobernadas por Morena, que han dispuesto incluso de recursos del vilipendiado Ramo 23, como sucede en Ciudad de México y Veracruz).
Los megaproyectos lopezobradoristas como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, así como los programas de entrega de dinero a grandes grupos como adultos mayores, jóvenes, entre otros, han justificado reducciones significativas de las aportaciones federales para los programas locales, en especial de infraestructura urbana, agua potable y electrificación, así como para seguridad, atención al campo. Esta situación ha presionado a los gobernadores de las entidades afectadas con el “apretón presupuestal”, quienes se han visto obligados a encontrar otras fuentes de financiamiento para sus programas y obras.
Creatividad
Con una creatividad digna de mejores causas, encontramos propuestas de gravar localmente la venta de alcoholes y cigarrillos, como en Tamaulipas, o en el caso de Yucatán, hacerlo con el polémico impuesto medioambiental que afectaría a los hoteles y casas de hospedaje. Destaco entre esta imaginación obligada por las circunstancias de sequía presupuestal, la propuesta del Ejecutivo yucateco de incorporar el cobro del impuesto (o derecho) de seguridad en los recibos de energía eléctrica. Es quizá, la iniciativa de mayor rechazo popular.
Los hogares de consumos más bajos no se verán afectados, pero las amplias clases medias de las ciudades yucatecas registrarán un incremento real en el pago de la luz. Tan fácil como esto: o liquidas el recibo, incluyendo el impuesto a la seguridad, o te cortan el suministro de energía eléctrica. Contribuir al mantenimiento de la infraestructura de seguridad, incluyendo cámaras de videovigilancia y drones, es fundamental para garantizar el aprovechamiento de la inversión realizada en el programa Yucatán Seguro, pero hacerlo a través del recibo de energía eléctrica será un fracaso. Existen antecedentes.
En 1991, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el cobro del alumbrado público en el recibo de la luz de consumo doméstico (quedaban exentos los comercios y las industrias), al considerar que no se podía entremezclar una tarifa (energía eléctrica) de una empresa paraestatal federal, con el pago de un derecho, en este caso, por el uso de la red de alumbrado público municipal.
Quizá el mejor camino hubiera sido la realización de un convenio entre los municipios, principalmente el de Mérida, y el gobierno del estado, para que los primeros junto con el predial cobraran el gravamen para seguridad. No lo hicieron y ahora estamos envueltos en la polémica.
Navidad y Año Nuevo. Este año ambos caen en miércoles, día de encuentro con ustedes, amigos lectores. Por ser días festivos, no se publicará el Diario. El calendario me obliga a anticiparme. Parabienes y felicitaciones para todos.
¡Hasta el 8 de enero de 2020 que volveremos a coincidir, si Dios quiere!—Mérida, Yucatán
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología por la Universidad Iberoamericana, con doctorado en Historia. Exgobernadora y diputada federal plurinominal del PRI