martes , 23 abril 2024
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AMC presente en la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas acompañó al presidente Enrique Peña Nieto al acto de Promulgación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, celebrado hoy en Palacio Nacional.

El marco normativo permitirá reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables, moderará el nivel endeudamiento y asegurará el manejo más transparente y responsable de los recursos públicos.

En el evento, realizado en el Patio de Honor del Palacio Nacional, el Primer Mandatario explicó que al inicio de su Administración “advertimos un acelerado aumento en la deuda de algunas entidades y municipios. Por ejemplo, durante el periodo 2008 a 2013, su crecimiento promedio real fue de 14.5 por ciento anual”.

Precisó que “frente al riesgo de que esta situación pudiera afectar la estabilidad financiera del país, el Gobierno de la República impulsó una propuesta preventiva para atenderla de manera decidida y eficaz”. De hecho, puntualizó, esta Ley tiene su origen en una de las 13 decisiones presidenciales que anunció el primer día de su Gobierno, “y que posteriormente se integró como uno de los compromisos del Pacto por México”.

El Presidente Peña Nieto destacó que, con la nueva Ley, y con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a la ahora Ley Federal de Deuda Pública y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental que también hoy se promulgan, “el Estado Mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para asegurar finanzas públicas sanas, y con ello procurar la estabilidad macroeconómica del país”.

“Hoy concretamos un avance jurídico importante, relevante y clave, que establece condiciones favorables para el crecimiento económico y la generación de empleo, porque a fin de cuentas la estabilidad es condición indispensable para que México siga avanzando de manera positiva y con paso firme”, añadió.

El Titular del Ejecutivo Federal dijo que la nueva Ley tiene dos objetivos: “reducir el costo de financiamiento a los gobiernos locales responsables, es decir, que tengan acceso a crédito más barato; y moderar el endeudamiento, fomentando la disciplina financiera de estados y municipios”.

Destacó cuatro ventajas de esta nueva Ley:

PRIMERA: Permitirá que las finanzas públicas locales sean sostenibles en el mediano y largo plazos, gracias a las Reglas de Disciplina Financiera y de Ejercicio del Gasto.

“El nuevo marco normativo obliga al cumplimiento de balances fiscales equilibrados, a una planeación de mayor horizonte temporal para estados y municipios, así como a destinar los ingresos excedentes en proyectos de inversión o al pago de sus pasivos, al pago de sus deudas”.

SEGUNDA: Con el Sistema de Alertas que establece la Constitución, y que esta ley reglamenta, los ciudadanos conocerán con claridad y total transparencia los niveles de endeudamiento de todos los entes públicos locales que tengan contratada deuda.

“Dependiendo del resultado que arroje este Sistema de Alertas, se fijarán los techos de financiamiento neto a los que podrán acceder estados y municipios cada año, lo que fortalecerá un manejo adecuado, planeado, y desde luego, responsable de su deuda. En pocas palabras, significará que en cada entidad, en razón de la deuda que ya tenga, se tenga total claridad de hasta dónde más puede llegar a endeudarse o contratar deuda de forma responsable, sin poner en riesgo las finanzas públicas de cada entidad”.

TERCERA: Esta ley permitirá reducir los costos de la deuda pública a las entidades federativas y los municipios a través de dos vertientes: por un lado, obligando a que la totalidad de las contrataciones de deuda de los entes públicos locales se haga mediante procesos competitivos. En ellos, se elegirá a partir de la propuesta bancaria con el menor costo financiero, asegurando el cumplimiento del mandato constitucional.

“Por otro lado, la Ley que hoy se promulga establece los requisitos y condiciones para que el Gobierno de la República pueda otorgar un aval federal a la deuda contratada por los estados y municipios, lo que conducirá a menores costos de financiamiento. Además, en términos de pesos y contrapesos, la nueva legislación prevé un fortalecimiento de la corresponsabilidad en las autorizaciones de endeudamiento que otorgan las legislaturas locales a los entes públicos.

“Como se estableció en la Reforma Constitucional, sólo se podrá contratar deuda si al menos dos terceras partes del Congreso Local así lo aprueban. Para ello, dichas Legislaturas deberán señalar el destino de los recursos y analizar la capacidad de pago del ente público”.

CUARTA: El nuevo Registro Público Único permitirá inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones que contraten los entes públicos locales, independientemente de su modalidad, ya sea deuda, asociaciones público-privadas, deudas de corto plazo u otras. “De esta forma, los mexicanos podrán vigilar mejor el uso de los recursos públicos y conocer de manera clara la forma en que se invierte la deuda de su estado o de su municipio”.

El Primer Mandatario expresó su reconocimiento a los integrantes del Poder Legislativo, a los Mandatarios estatales, al Jefe de Gobierno y a las autoridades municipales “por respaldar y enriquecer esta iniciativa, que es resultado del trabajo conjunto y coordinado”.

En particular, celebró que los legisladores hayan enriquecido esta iniciativa en puntos tan relevantes como:

· Los requisitos para la contratación de deuda pública;

· La definición del concepto de inversión pública productiva;

· La creación de un fondo de desastres naturales por entidad federativa; y

· La modificación del Techo de Financiamiento Neto, en función del nivel de endeudamiento y las capacidades financieras de los entes públicos.

“Se trata de aportaciones fundamentales que contribuyen a la estabilidad financiera de México”, destacó.

Resaltó que después de un amplio y positivo trabajo legislativo y la generación de consensos, “hoy vemos concretada esta Ley, que transformará el desempeño fiscal, financiero y presupuestario de los órdenes de gobierno estatal y municipal”.

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