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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
En 2009, un conjunto de organizaciones yucatecas presentó una iniciativa de ley para que la Constitución local reconozca el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Actualmente, el derecho al matrimonio igualitario es reconocido en diversos países, en las constituciones y leyes de varios estados de México y por nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Red Pro Yucatán no solamente se opuso a la iniciativa para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, que consideró “sin sustento legal” (según consta en la página de esta organización, 15-1-09) , sino que además presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y el Código Civil del Estado para que la unión matrimonial sea, cito sus palabras, una “institución jurídica de orden público e interés social formada únicamente por la unión de un solo hombre y una sola mujer” (RPY, 7-3-09). Es decir, una iniciativa de ley excluyente y discriminatoria de la población LGBTTTTI que, además, fue aprobada por el Congreso local en julio de ese año.
En menos de una década, la Suprema Corte ha demostrado que tanto la Red Pro Yucatán como los diputados que aprobaron la iniciativa de ley estaban equivocados, pues desde 2015 ha dispuesto que cualquier ley que conciba el matrimonio en términos exclusivamente heteronormativos y de reproducción es inconstitucional (SCNJ Tesis 1ª./J.43/2015 (10a.)). El Congreso yucateco aún tiene pendiente corregir ese error en la Constitución local.
La agenda de la Red Pro Yucatán en contra del reconocimiento y protección de los derechos humanos de la población LGBTTTI no siempre es explícita, sino que suele ser disfrazada selectivamente con un discurso de “fortalecimiento” o “protección” de la familia.
Pero las evidencias dejan ver una agenda fundamentalmente discriminatoria. Recordemos que la Red Pro Yucatán forma parte de una serie de organizaciones que, en todo el mundo, dicen combatir lo que denominan “ideología de género”.
Como ha escrito Estefanía Barba Vela, maestra en derecho por la Universidad de Yale y especialista en derechos sexuales y reproductivos, estas organizaciones “tienen una agenda concreta que incluye el rechazo del matrimonio entre personas del mismo sexo y de la adopción homoparental, los derechos de las personas trans, la educación sexual en las escuelas y el aborto, todo bajo el estandarte de los derechos de los niños y niñas y de la protección de la familia ‘natural’” (“The New York Times”, 11-7-17).
Pero, como bien observa Vela, la agenda de organizaciones como la Red Pro “no solo tienen el potencial de afectar” a la población LGBT, sino que, de fondo, “lo que este movimiento busca es reinstaurar, ahí donde se ha debilitado, un orden de género que ha servido históricamente para negarle principalmente a las mujeres una variedad de derechos”.
Asimismo, la Red Pro Yucatán forma parte del Frente Nacional por la Familia (FNF), una de las organizaciones a las que refiere Barba Vela. La más reciente publicación del FNF, reproducida en la página de la Red Pro Yucatán, es sobre la “plataforma política rumbo al 2018 con el objetivo fundamental de que los candidatos de todos los partidos se pronuncien clara y públicamente sobre temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la ideología de género” (29-10-17).
“Animal Político”, un medio de comunicación digital que ha sido premiado internacionalmente por su profesionalismo (revelando casos de corrupción como los de Javier Duarte en Veracruz y la “estafa maestra”), ha publicado un artículo de Brando Flores, del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, en donde se señalan las “4 grandes falacias del Frente Nacional por la Familia”. A saber: 1) que el matrimonio es una institución con fines de procreación, 2) que existe una ‘maligna’ ideología de género, 3) que las parejas del mismo sexo no deben adoptar y 4) la idea de la protección de la vida desde la concepción de manera absoluta (“Animal Político”, 10-9-16). Hasta el momento, la Red Pro no ha rechazado estas falacias.
Asimismo, el FNF ha hecho declaraciones claramente discriminatorias e incluso estigmatizadoras, como que la homosexualidad es una “enfermedad” (“Excelsior”, 8-11-16) y también ha respaldado a candidatos priistas, pues llamó a votar por Alfredo del Mazo en las pasadas elecciones en el Estado de México (“Proceso”, 4-6-17) y ahora hace lo propio con respecto al candidato priista Mikel Arriola en Ciudad de México.
Como parte de la estrategia de ocultar la agenda antiderechos bajo un discurso de defensa de la familia, el médico Julio Mendoza, integrante de la Red Pro Yucatán, evita mencionar en su artículo publicado ayer en esta misma página lo siguiente: la campaña de su organización en contra del matrimonio igualitario, la ley que impulsaron —hoy considerada inconstitucional por la Suprema Corte—, y los vínculos con el FNF.
¿Por qué tienen miedo de mencionar esta agenda? Porque son causas que hoy día son impresentables e indefendibles, ya que son discriminatorias e inconstitucionales.
Uno puede aceptar que algunas de las causas defendidas por la Red Pro Yucatán sean loables —como sus llamados a atender el grave problema del suicidio en Yucatán o la búsqueda de donantes de sangre—, pero claramente su campaña discriminatoria y antiderechos LGBTTTI es inaceptable y resulta sumamente preocupante en un Estado con altos índices de violencia de género, de VIH y de violencia contra la comunidad LGBTTTI, como el nuestro.
Indignación, no temor
Es precisamente porque la Red Pro Yucatán ha defendido causas discriminatorias, antiderechos e inconstitucionales que un grupo de organizaciones, ciudadanas y ciudadanos nos pronunciamos por el hecho de que el Iepac reconociera y diera legitimidad a dichas causas, tal como dieron cuenta Diario de Yucatán, la revista Proceso y otros importantes medios de comunicación (23-4-18).
Entre las organizaciones que firmaron el pronunciamiento se encuentran algunas de las más reconocidas agrupaciones yucatecas defensoras de derechos humanos, así como especialistas de instituciones de investigación y educación superior convocadas por el propio Iepac para proponer especialistas que integren el Comité de expertos que clasificará las preguntas para el debate entre los candidatos a la gubernatura de Yucatán.
El pronunciamiento está firmado por especialistas del Instituto Tecnológico de Mérida, Universidad Marista de Mérida, Universidad Modelo, CIR y facultades de la Uady, Cephcis de la UNAM, así como del CIESAS, INAH, Cessex, entre otras.
El pronunciamiento es claro en que el Iepac ha actuado de buena fe en su propósito de “ciudadanizar” el debate entre los candidatos a la gubernatura de Yucatán, y que es un acierto abrirse a organizaciones e instituciones académicas para que ciudadanos y especialistas formulen y clasifiquen preguntas para el debate.
Lo que motivó el pronunciamiento no es el temor a la apertura y a la inclusión de diversos actores, sino la indignación de que causas discriminatorias, inconstitucionales y antiderechos, como las defendidas por la Red Pro, sean legitimadas por un órgano autónomo como el Iepac al incluir a dicha organización en el Comité de expertos.
Contrario a lo que el médico Mendoza señala en su artículo publicado ayer, no “estamos atestiguando el primer intento (público) de acotar las opiniones y acción social de quienes integran la Red (Pro Yucatán)”. Desde 2009, organizaciones de la sociedad civil y diversas ciudadanas y ciudadanos yucatecos se han pronunciado en contra de la iniciativa de ley promovida por la Red Pro, hoy inconstitucional.
Desde años atrás se han expresado manifestaciones públicas contra la postura discriminatoria de la Red Pro, como la carta escrita por Enrique Torre y publicada por “Animal Político” el 29 de julio de 2013. Asimismo, en respuesta a las marchas convocadas por la Red Pro y el FNF, la ciudadanía a su vez ha convocado a numerosas manifestaciones públicas, siempre pacíficas e incluyentes, a favor de los derechos humanos de todos.
La manifestación pública de la indignación social que tuvo lugar la semana pasada es una demostración de que Yucatán está cambiando y de que en nuestro Estado somos cada vez más los que estamos conscientes de que la democracia y la libertad de expresión no deben dar cabida a los lenguajes discriminatorios como el promovido por la Red Pro y el FNF en su agenda.
Las ciudadanas y los ciudadanos seguiremos luchando por el desarrollo de la vida democrática de nuestra sociedad y por una verdadera inclusión de la diversidad, que no pase por encima de los derechos.— Mérida, Yucatán.
Rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM
Fuente: Diario de Yucatán