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Un total de 25 empresarios han presentado amparos en contra del Ayuntamiento de Carmen por hostigamiento, acoso y cobros de impuestos, procediendo de manera legal contra el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, quien pretendía utilizar a su favor las “lagunas” legales plasmada de la Ley de Ingresos de la Hacienda Municipal, como el impuesto por carga y descarga en la vía pública, donde estableció un cobro de 600 pesos por cada unidad.
Lo anterior lo dio a conocer Silvestre Fuentes Flores, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Sergio Ayala Fernández del Campo, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el subsecretario de Desarrollo Económico, Ramón Rodríguez García, quienes señalaron que hasta el 28 de diciembre unos 25 comerciantes han logrado ampararse contra los cobros abusivos y arbitrarios que exige Tesorería, la Dirección de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, Gobernación Municipal, Medio Ambiente y Protección Civil.
Este amparo también deja sin efecto la vía de notificación de Tesorería Municipal, a cargo de Ligia Patricia Castillo Góngora, que requería el cumplimiento “voluntario” del pago total de dicho impuesto, pero bajo amenaza de que en caso de no realizar la liquidación, se procedería a la ejecución forzosa del adeudo, embargando y rematando bienes de su propiedad, suficientes para cubrir el importe omitido.
Por lo que los Tribunales Colegiados del Trigésimo Primer Circuito han encontrado elementos suficientes para otorgar la suspensión del pago de impuestos por parte de los empresarios locales, para que los funcionarios municipales acaten la orden o de lo contrario enfrentarían sanciones.
Algunas de las compañías que han ganado los juicios de amparo son, Inmobiliaria Pirixal (1736/2017), Bimbo (1695/2017), Barcel (1696/2017), Soluciones Productivas Ambientales (1014/2017), Centro Automotriz Terramar (1753/2017) y Gas Peninsular de Campeche (1704/2017), entre otras.
Al igual que los microempresarios como es el caso de Rene Barradas Gómez (1021/2017), Carlos Martínez Cisneros (1226/2017), Luis Alberto Cervera Hernández (958/2017), María Esther Rebolledo Cruz (1600/2016 y 1493/2017), y otros que prefirieron mantener sus datos personales protegidos por los juzgados que conocen de su demanda.
