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Fuente: Reporteros Hoy
Mérida, 21 de abril, 2026.- El que hasta hace un par de días los asesoraba como clientes, ahora los tendrá que investigar, sancionar y regular: Carlos Eduardo González Flota es desde el 20 de abril el primer Procurador de Justicia Ambiental y Urbana de Yucatán, un cargo que el Congreso del Estado le otorgó con 33 votos, a propuesta del gobernador Joaquín Díaz Mena.
La contradicción es de fondo. Entre 2012 y el día de su nombramiento, González Flota operó González Flota & Asociados, una consultoría boutique que, según describe la propia firma en su sitio web, nació para atender a «desarrolladores inmobiliarios y prestadores de servicios turísticos» en trámites de impacto ambiental, cumplimiento regulatorio y defensa jurídica ante sanciones. Es decir: durante 14 años, el nuevo procurador cobró por ayudar a sus clientes a lidiar con exactamente el tipo de regulación que ahora le toca aplicar.
Un mandato constitucional, una historia privada
La PJAU tiene atribuciones para recibir denuncias ciudadanas por daños ambientales, investigar violaciones a la normativa urbana y promover sanciones contra particulares y empresas. El perfil del abogado que la encabezará no encaja sin fricciones con ese mandato.
Su trayectoria en el sector público terminó en 2012, cuando dejó un breve paso por el Ayuntamiento de Mérida. Desde entonces, su actividad fue exclusivamente privada y orientada a los sectores que hoy son su objeto de regulación: desarrolladores, energéticas, prestadores turísticos. Ningún medio yucateco registra en ese periodo una sola declaración pública suya sobre los grandes conflictos socio ambientales del estado: cenotes, granjas porcinas, manglares de Sisal o la expansión inmobiliaria en comunidades mayas.
¿Se desvinculó totalmente?
Desde que se supo de su nombramiento saltaron preguntas. ¿se desvinculó González Flota formalmente de su firma antes de tomar posesión del cargo? La consultoría González Flota & Asociados sigue activa. Su socia cofundadora, Luisa María Rodríguez Sánchez, continúa operando. No hay registro público de que el nuevo procurador haya cedido su participación societaria ni en qué condiciones lo habría hecho. En los próximos 60 días hábiles estará obligado a presentar su declaración patrimonial inicial ante la contraloría del estado, el primer documento oficial que podría revelar si aún tiene vínculos formales con la firma que asesoró durante 14 años a quienes ahora debe regular.
Sin perfil académico en materia ambiental: doctorado en “curso”
González Flota es presentado en comunicados oficiales del Congreso con especialización en derecho ambiental, energético y recursos naturales, pero su trayectoria académica verificada no incluye ningún posgrado formal en esas materias. Lo que acumuló fue experiencia práctica en la PROFEPA entre 2004 y 2011, no un título universitario en derecho ambiental. Su doctorado —en Ciencias de lo Fiscal, no en derecho ambiental— aparece en el currículo de su propia firma con la anotación «en curso», sin fecha de conclusión registrada.
La paradoja de Morena
Toda la carrera pública de González Flota transcurrió bajo gobiernos del PAN: el estatal de Patricio Patrón Laviada, el federal de Felipe Calderón y el municipal de Renán Barrera. En 2009, el propio González Flota se identificó públicamente como parte del «equipo de Patrón Laviada» en la PROFEPA.
El mismo partido que en 2023 denunció la creación de la PJAU como la legalización del «primer cartel inmobiliario gubernamental de Yucatán» —diputados de Morena y Movimiento Ciudadano— es ahora el que propone a un abogado con 14 años de consultoría al servicio de ese sector como su primer titular.
La pregunta que queda abierta es la más importante: ¿qué empresas fueron clientes de González Flota & Asociados y cuántas tienen proyectos activos en Yucatán que dependerán de la nueva procuraduría? Esa respuesta, que no es pública, definirá si el conflicto de interés es estructural o activo.