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La alcaldesa Cecilia Patrón Laviada propone que también se aplique en los otros 105 municipios; enviará al Congreso del Estado para reformar la Ley de Gobierno de los Municipios de Yucatán
Mérida, Yucatán, a 5 de marzo de 2025.– Con el respaldo dd todas las fuerzas políticas, el Cabildo aprobó por unanimidad reformar el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Mérida para que ningún deudor alimentario o agresor de mujeres sea servidor público municipal. Es
–Estamos aquí para incorporar la Ley 3 de 3 contra la violencia de género en nuestra ciudad. Ningún deudor alimentario o violentador de mujeres debe ser público municipal –afirmó la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, durante su mensaje en la Sesión Extraordinaria celebrada la tarde de hoy miércoles.
“Si no puedes cuidar lo más sagrado a tu propia familia, a las personas que te rodean, menos podrás servir a los ciudadanos… El buen juez por casa empieza y nosotros comenzamos dando el ejemplo para que las mujeres puedan vivir libres”, añadió.
Esta reforma al reglamento municipal es una adecuación de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, iniciativa promovida por la colectiva Mujeres Todas México para eliminar del poder público a las personas violentadoras.
La concejal también anunció que enviará al Congreso del Estado la iniciativa para reformar los artículos 24, 41, 48, 83 y 208 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, “para que la Ley 3 de 3” también aplique en las 106 demarcaciones.
La primera edil agradeció a las integrantes de la sociedad civil como María Eugenia Núñez Zapata, coordinadora de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), activista por los derechos políticos de la mujer.
En la sesión también estuvieron presentes Celia Rosado, secretaria de la Uady; Alís García, Rita Farjat, Lydia Laucirica, Thelma García, Lulú Castillo y Rubí Rivero, a quienes les agradeció el apoyo por la lucha.
Cecilia Patrón recordó que cuando fue diputada federal impulsó el paquete de reformas para limpiar al poder público de violentadores.
Yucatán fue el primer estado de la República en modificar sus leyes para que ningún deudor alimentario, acosador o violentador, desde la denuncia, pueda ser candidato a cargos de elección popular ni trabajar en la administración pública, recordó.
