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Ivonne Melgar
Retrovisor
Información de Excélsior
La autopsia del viernes negro del Congreso mexicano no nos ha permitido celebrar la vela del cambio que quedó prendida esa madrugada del 29 de abril. Porque eso representa, una luz en medio de la oscuridad, el dictamen de la 3de3 contra la violencia que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución para limitar el derecho a ser votado o a ser nombrado en puestos públicos a quienes tengan antecedentes de violencia de género o como deudor alimentario moroso. Y si bien varias de las reformas aprobadas en la sede de Xicoténcatl carecían de consenso, la 3de3 contra la violencia cubrió a cabalidad el proceso legislativo y contaba entre los senadores con un alto nivel de consenso.
No deja de ser lamentable que esa iniciativa surgida en el corazón del movimiento feminista hace tres años haya sido avalada en la Cámara alta lejos de la emblemática tribuna, sin la presencia y sin los votos de la oposición, en una mesa que hizo las veces de pleno, como imagen que evidencia el atropellado momento.
Lo cierto es que la 3de3 no será impugnada por las bancadas que conforman en el Senado el bloque de contención: PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Así que, al margen de la suerte que tome el resto de los decretos, la reforma constitucional sustentada en la premisa de que “¡Ningún agresor al poder!” goza del respaldo casi unánime del Poder Legislativo.
Faltan los tres últimos pasos: la ratificación de al menos 17 congresos estatales; que la Comisión Permanente así lo anuncie ante el pleno de los 37 diputados y senadores que la conforman en el actual receso legislativo, y que sea promulgada por el presidente López Obrador. Y, aunque se supone que ya no existen impugnaciones de peso que pudieran descarrilar el proceso parlamentario para cantar victoria, ahora estamos contra reloj porque sólo nos queda el resto de mayo para conseguir que la 3de3 contra la violencia sea aplicada en las elecciones federales de 2024 en la renovación de diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores y Presidencia de la República.
Si el decreto no se promulga en mayo, de nada habrá servido tanto esfuerzo, porque, como lo dicta la Constitución, cualquier cambio en las reglas electorales deberá estar vigente 90 días antes del inicio del proceso, es decir en septiembre próximo.
Sería imperdonable que todo quedara en el aire, después de una auténtica carrera de obstáculos, incluida la impugnación que ante la SCJN formuló la CNDH, bajo el alegato de que se violaban las garantías de los deudores de pensión alimenticia en el caso de las leyes estatales de Yucatán e Hidalgo. Por eso la prisa y la insistencia en su momento incomprendida de Las Constituyentes MX, organización impulsora de esta iniciativa en 2020, cuando pedían a la oposición que la defensa del Inai y el necesario nombramiento de sus tres comisionados pendientes no terminara congelando el decreto de la 3de3 en el Senado.
De ahí la relevancia que tuvieron Yndira Sandoval y Patricia Olamendi y todo el equipo de abogadas, por la lección de resistencia, capacidad política y congruencia que dieron y que quedará inscrita con letras moradas en el libro del orgullo feminista. Y junto con ellas, el acompañamiento de la Red de Mujeres en Plural y de la colectiva 50 más 1. Gracias a Las Constituyentes Mx, las diputadas de la anterior legislatura iniciaron desde 2020 el trabajo que culminó exitoso este 30 de marzo y que se convirtió en un auténtico proceso de pedagogía colectiva para visibilizar la violencia estructural contra las mujeres. Por eso, una docena de entidades avanzaron en sus propias reformas de la 3de3.
Y cómo olvidar el enorme trabajo que en favor de esta plataforma hicieron las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral que, ante la falta de una ley, llamaron en 2021 a los partidos políticos a regirse mediante estos principios en la postulación de los candidatos. El empuje de Martha Tagle, Verónica Juárez, Lorena Villavicencio y Laura Rojas en la legislatura anterior fue retomado con ahínco por las actuales diputadas. Sus mensajes el día la aprobación son auténticas joyas del compromiso construido.
“Elegir a personas que han cometido actos de violencia contra las mujeres, es ignorar la gravedad del problema”: Karla Almazán Burgos (Morena). “El uso de la violencia se ha convertido no solamente en una violencia cotidiana, sino que se arraiga en patrones socio-culturales que debemos erradicar de forma estructural”: Blanca Alcalá (PRI). “Este dictamen es la muestra de la capacidad que tenemos de poner al centro de todo nuestro trabajo por la dignidad, por encima de colores e ideologías”: María Rosete Sánchez (PT). “Un violentador es un delincuente y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con cargos”: Joanna Felipe Torres (PAN). “No es posible ni siquiera imaginable pensar que la misma persona que violó, agredió sexualmente, atacó a una mujer o incumplió con su obligación alimentaria con su familia sea partícipe de la toma de decisiones o de las operaciones en las instituciones de este país. Ya no lo vamos a permitir”: Aleida Alavez (Morena).
Este martes, la académica y feminista Adriana Ortiz, subdirectora de Género, Diversidad e Inclusión del ITAM, en el ciclo de conferencias Rumbo al 2024, le hizo a la senadora ponente Beatriz Paredes una pregunta punzante: ¿Por qué los científicos no habían podido ser escuchados en el Congreso y las feministas sí?La legisladora del PRI respondió: “Las mujeres feministas han logrado establecer una masa crítica y una alianza con los medios que otros sectores no han logrado. Ésta ha sido una de sus grandes sabidurías y de sus grandes logros: el tema de violencia de género es un asunto que ya logró arraigarse en la opinión ciudadana. Esa fue una gran ventaja para que pasara la ley 3de3. Porque todas las feministas hicieron su trabajo previo, y hay una conciencia generalizada”.
De ese tamaño es la hazaña que ahora debemos concluir.