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Por: SemMéxico
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 9 de diciembre, 2023.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la ONU Derechos Humanos hacen un llamado a los Estados de la región a implementar todas las medidas necesarias para proteger a las mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes y personas LGTBI+ defensoras de los derechos humanos por la tendencia creciente de políticas regresivas.
Preocupa el alto grado de violencia en su contra, la impunidad en los delitos en su contra y la falta de mecanismos de protección eficaces, así como que los discursos estigmatizantes se den desde las más altas esferas de gobierno que promueven un clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población.
Los alarmantes niveles de violencia en contra de personas defensoras, incluyendo el mayor número de asesinatos a nivel mundial, son una clara muestra de los riesgos que enfrentan por ejercer su labor.
En el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y el 25 aniversario de la Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se conmemora el 9 de diciembre.
La CIDH y la ONU Derechos Humanos reafirman su compromiso de promover la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos en la región.
Los alarmantes niveles de violencia en contra de personas defensoras, incluyendo el mayor número de asesinatos a nivel mundial, son una clara muestra de los riesgos que enfrentan por ejercer su labor.
Les preocupa la normalización de la violencia en su contra a través de discursos misóginos y homofóbicos y la falta de un enfoque diferenciado en la investigación de los delitos en su contra.
Esto se manifiesta en restricciones a la libertad de expresión y asociación con el cierre de organizaciones no gubernamentales, adopción de leyes que limitan u obstaculizan sus actividades, así como afectaciones al derecho a la protesta pacífica, y el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes.
Es también preocupante el incremento de la criminalización y el hostigamiento de los cuales son víctimas a través de acciones judiciales infundadas que buscan obstaculizar su labor y que representa una grave amenaza a su libertad personal, su integridad psicológica y la seguridad de sus familias.
La instrumentalización de procesos legales bajo cargos infundados, en algunos casos utilizando tipos penales ambiguos como medio de intimidación y represión, es una práctica cada vez más recurrente, que socava gravemente el Estado de derecho y los principios democráticos.
Desde la adopción de la Declaración se han implementado acciones e iniciativas orientadas a la protección de las personas que defienden derechos humanos, tales como el establecimiento de mecanismos de protección, la adopción de registros estadísticos sobre ataques, la creación de unidades especializadas y protocolos para investigar delitos y algunos marcos nacionales de protección. Sin embargo, los desafíos persisten y la defensa de los derechos humanos continúa siendo una actividad que conlleva altos riesgos.
Aunque la esfera digital ofrece nuevas plataformas para la promoción de los derechos humanos y la participación en los asuntos públicos, también han permitido la proliferación de amenazas, intimidación, estigmatización y actos de acoso.
De igual modo, la expansión de las herramientas digitales ha permitido nuevas dinámicas de vigilancia selectiva de personas defensoras y otros actores del espacio cívico.
La defensa de los derechos humanos es fundamental para el desarrollo de sociedades justas, inclusivas y democráticas, y las personas defensoras deben ser apoyadas y protegidas en el ejercicio y desarrollo de su labor.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) forma parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y su mandato está establecido en la resolución de la Asamblea General 48/141 de 1993.
ONU Derechos Humanos, encabezada por la figura del Alto Comisionado, tiene el mandato de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas y en todo el mundo
