“Nueva Mayoría” vota contra el “Paquete de la Impunidad”

En la Sesión del Congreso Local el martes, la “nueva mayoría” se impuso con sus propuestas para tumbar el llamado “paquete de la impunidad” impulsado por el Gobernador Roberto Borge Angulo”.

Fue así que con 13 votos a favor de los diputados del PAN, PRD, PES, PANAL, MORENA y el Independiente se aprobaron las propuestas contra los 10 votos en contra del PRI-PVEM.

Entre las iniciativas presentadas estuvieron la de reformar y derogar disposiciones al Código penal para restablecer sanciones ya contempladas en contra de servidores públicos que “actúen de manera irresponsable y criminal” y que puedan ser castigados de manera adecuada.

Al respecto, Mayuli Martínez Simón Coordinadora del PAN en el Congreso indicó que la iniciativa es un combate a las aprobaciones de la anterior legislatura, por lo que esta pretende derogar el decreto 406 donde se realizaron reformas a diversos artículos del Código Penal, entre ellos el 54 – relacionado con las sanciones de los delitos culposos–; el 155 y el 209 que sancionan el delito de administración indebida; el 212 los relacionados con desvió de recursos públicos; así como los artículos 252 y 256 que castiga el enriquecimiento ilícito y el delito de peculado, respectivamente.

Otra de las iniciativas ingresada a comisiones fue la de reformar las disposiciones a la Ley de Seguridad Pública del estado, por el que se dejan sin efecto medidas como la ampliación al servicio a servidores públicos hasta por ocho años, y 15; la confidencialidad en la información de los escoltas, la determinación discrecional del número de éstos y recursos materiales; y la integración de diputados como sujetos de protección.

Con este 600 policías del Estado se reintegrarán a sus actividades normales, ya que éstos prestan servicio de escolta, choferes o gestores de funcionarios actuales, como es el caso de 150 de ellos que atienden la residencia oficial del gobernador, sus domicilios particulares y la seguridad personal de su familia.

Fernando Zelaya Espinosa, diputado del PAN, aseguró que con la iniciativa presentada este martes para revisar la Ley de Seguridad Pública, también en los municipios deberá revisarse la plantilla laboral y retirar los privilegios que se han otorgado también a empresarios, periodistas y amigos de los gobernantes.

“En el análisis de la iniciativa tendrán que comparecer los titulares de la Secretaria de Seguridad Pública, así como los directores de las policías municipales para que informen sobre el número de elementos comisionados y las actividades que están desarrollando”, comentó.

En cuanto al punto de acuerdo para revisar la irregular renuncia del Auditor del Órgano de Fiscalización Superior, así como la prosiguiente convocatoria y nombramiento del nuevo Auditor.

Al respecto, el Diputado Emiliano Ramos Hernández señaló que la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta revisará el dictamen de este nuevo Auditor.

Mientras que bajo el argumento de ocioso y violatorio al derecho de audiencia de los aspirantes al puesto, Raymundo King de la Rosa y José de la Peña Ruiz de Chávez se pronunciaron en contra de este punto de acuerdo.

Al respecto, el diputado Eduardo Martínez Arcila enfatizó que “el que nada debe nada teme” y remarcando que la propuesta será debidamente analizada en las comisiones.

El diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio celebró el diálogo y el respeto de las fracciones parlamentarias, y consideró que la finalidad de las propuestas buscan que Quintana Roo pueda seguir adelante.

Mientras que por MORENA, Juan Ortiz Vallejo dijo que no se permitirá más impunidad ni anomalías, sino que se velará por una mayor transparencia a favor de la ciudadanía.

Finalmente, de obvia y urgente resolución, los diputados dieron el aval para reformar el Presupuesto de Egresos del estado, para el ejercicio fiscal 2016, en cumplimiento a la sentencia a favor de los ciudadanos de la comunidad de San Antonio Soda, dictada en el juicio de amparo número 575/2015-I-A radicado en el Juzgado Primero de Distrito del Vigésimo Séptimo Circuito Judicial Federal, en relación a su derecho al agua potable.

Con información del Congreso de Quintana Roo