Violentadas dos veces

Sofía Cherem

Fuente: El Sol de México

Mérida, 23 de septiembre, 2026.- Hace unos días, la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, que integran distintas organizaciones, presentó la Guía de Actuación para Visibilizar, Prevenir y Atender Violencias basadas en Género en el Sistema de Justicia Penal en México, que busca servir como herramienta frente a las violencias estructurales de género que se viven en el sistema penal del país.

No faltan las noticias que comunican violaciones a derechos humanos, falta de perspectiva de género en juzgadores, condiciones precarias en los centros de reinserción social, violencia y hacinamiento, por decir solo algunas cosas. Los testimonios de las mujeres imputadas y denunciantes revelan escalofriantes violencias institucionales que no parecen ser “casos aislados”. Más allá de eso, muestran un patrón. De las seis mujeres denunciantes entrevistadas para la elaboración de la guía, ninguna pudo ver su caso avanzar más allá de la etapa de investigación, y las que llegaron hasta ahí lo hicieron con trabajos, sorteando obstáculo tras obstáculo. De los testimonios de las mujeres imputadas resalta el comienzo de la violencia desde la detención: uso de la fuerza, casos de tortura física y sexual, confesiones obtenidas bajo amenaza y, en algunos casos, mujeres exhibidas ante los medios de comunicación antes de siquiera ser puestas a disposición del Ministerio Público.

Y es que la justicia en México es cada vez menos apegada a la presunción de inocencia y más proclive a la prisión como primera respuesta.

De acuerdo con el diagnóstico y con distintos datos estadísticos disponibles, casi 50 por ciento de las mujeres privadas de la libertad está en prisión preventiva y puede pasar largos periodos antes de ser sentenciada o absuelta.

Las cifras están en la guía y vale la pena echarles un ojo: son estadísticas realmente brutales, a las que debemos ponerles nombre y apellido. Las normas están; en teoría, la justicia en México debería tener una ovación de pie, pero, en la práctica, nadie se levanta del asiento. El problema es la distancia entre lo que la norma ordena y lo que la ventanilla hace, y esa distancia solo se reduce con esfuerzos arduos para proteger los derechos humanos y acabar con la impunidad.

El diagnóstico también distingue: las violencias institucionales se ensañan más con las mujeres indígenas, lesbianas, defensoras de derechos humanos, madres en situación de precariedad o con quienes denuncian a un agresor con poder político.

Las mujeres son un porcentaje menor dentro del sistema de justicia penal en México y eso promueve todavía menos seguridad y protección para ellas. En muchos casos, a la denunciante se le culpa y se le niega la protección necesaria. De ahí que sean violentadas dos veces: primero por quien las agredió y después por la propia institución.

El trabajo del personal de los centros de reinserción social y del sistema de justicia penal en México debe ser retribuido con capacitación, presupuesto y condiciones laborales dignas.

No archivemos documentos tan esenciales como la guía presentada. Como bien se expresa en ella, su cumplimiento “no es el techo de lo que el sistema debe hacer, es el piso desde el cual debe comenzar”.

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