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•Aunque ya es una reforma constitucional, falta reformar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para que los presidentes municipales y las alcaldesas no designen a violentadores, agresores y deudores alimentarios en ningún cargo
Mérida, Yucatán, a 12 de julio de 2022.– El proceso electoral 2024 será diferente a los anteriores, pues una vez que se promulgue la modificación a la Constitución Política del Estado en materia de violencia de género y deudores alimentarios, los partidos políticos tendrán que cuidar la honorabilidad de a quienes postulan a cargos de elección popular y la ciudanía, los organismos electorales y la Sociedad Civil Organizada vigilar que la ley se cumple, no sólo quede en lo escrito.
En rueda de prensa, la diputada emecista Vida Gómez Herrera comentó que el siguiente acto es la aplicación de la ley. Le corresponde a la sociedad vigilar, hablar y visibilizar que la violencia sea eliminada, porque es un problema que perjudica a todos, los niños, las niñas, las mujeres y a los padres de familia.
En ese mismo tenor, la doctora y activista Silvina Contreras Capetillo precisó que ahora falta vigilar que la ley 3 de 3 sea una realidad sustantiva, «que sea algo que se apropie todos los niveles de gobierno y que empiecen a ejercer en las personas que van seleccionando para estar en cargos de poder en todos los niveles de atención. Esa sería la mejor realidad, reconocer que en la parte política ha adoptado está ley como una realidad».
Tras la aprobación unánime de la Ley 3 de 3 en el Congreso y que los 106 Cabildos de Yucatán hayan sesionado para votar en favor de la minuta de decreto que modifica la Constitución Política Estatal; la coordinadora de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), María Eugenia Núñez Zapata, señaló que con estas acciones la política está recobrando y reconstruyendo la esencia de la verdad, de la honestidad y de caminar de la mano con la sociedad, que nunca más debe perder.
Aunque ya es una reforma constitucional falta trabajar en las leyes secundarias, ya que se debe presentar la iniciativa para reformar la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán para que todos aquellos los funcionarios municipales que los presidentes municipales y las alcaldesas designen no sean violentadores, agresores o deudores alimentarios.
Se tiene un compromiso con los yucatecos elevar la ética pública al no permitir que los cargos de elección y designación se encuentren personas con antecedentes de violencia o deudores alimentarios, recordó la legisladora panista, quien también agradeció el compromiso de las fuerzas políticas por aprobar las iniciativas y a los 106 Cabildos por aprobar la minuta.
