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El quebranto al erario público por los remates de predios, incluso en zonas protegidas, realizados por el ex Gobernador Roberto Borge en Quintana Roo asciende a los mil 099 millones 492 mil 370 pesos, de acuerdo con una demanda presentada por activistas en el Congreso de la Unión y también con diferentes denuncias interpuestas en la Fiscalía local de esa entidad.
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– En una playa virgen de aguas turquesas, entre manglares, cerca de la selva tropical se encuentra La Casona Chinchorros, un complejo de estancia de lujo ubicada en un terreno de 213 hectáreas que el ex Gobernador Roberto Borge Angulo remató a 10 millones 633 mil de pesos, menos de cinco pesos el metro cuadrado, en zonas que su valor comercial ronda entre los 3 millones de pesos por hectárea [300 pesos el metro cuadrado].
Este es tan sólo uno de los al menos 46 predios que el ex Gobernador priista vendió, a través del Instituto del Patrimonio de la Administración Pública dirigido por Claudia Romanillos, a precios muy por debajo de su valor comercial, catastral e incluso, literalmente regaló al ofertarlos en “cero pesos”, ha denunciado desde hace meses la organización “Somos tus Ojos”.
Otro de los remates fueron 390 hectáreas que vendió a 5 millones de pesos, ubicadas Bacalar, un lugar ubicado en el municipio Othon, P, Blanco, denominado Pueblo Mágico, por sus atractivos naturales entre ellos, la Laguna de los 7 colores.
Desde agosto del año pasado la organización “Somos tus Ojos” denunció ante Congreso de la Unión que, en aquel entonces todavía gobernador, Roberto Borge, vendió al menos 44 predios de distintos tamaños que eran patrimonio del estado a precios decenas de veces menores a su valor comercial, y con avalúos desactualizados.
Al menos seis terrenos en diversos municipios de Quintana Roo que, sumados aglomeran 25 mil 348 metros cuatros sumados, dos hectáreas y media, patrimonio de Quintana Roo fueron realmente regalados, puesto que se vendieron a “cero pesos”, además de rematar, en precios muy por debajo, otros predios en diversas zonas virgenes, de alta plusvalía o de lujo por su belleza cultural e incluso, en áreas de manglales.
La organización civil estima que el quebranto al erario público ascende a los mil 99 millones 492 mil 370 pesos, de acuerdo a la demanda que interpusieron en el Congreso de la Unión y a diferentes denuncias interpuestas.
