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Casi sin darnos cuenta, el proceso electoral de 2018 ya nos alcanzó en Yucatán. Han comenzado a cumplirse plazos legales, sin que hasta el momento se hubiera registrado algún acuse de recibo de los muy probables actores protagónicos de esa fecha. Son dos aspectos que quiero comentar con ustedes, amig@s lector@s, para ilustrar la senda que ya hemos comenzado a transitar casi inadvertidamente. Tienen que ver con la reelección consecutiva y lo que trae consigo en materia de reformas a leyes, reglamentos y prácticas. Y la otra, una reforma constitucional pendiente en materia de paridad.
Comienzo con la novedad de la reelección de las autoridades locales: diputados y ayuntamientos. Por primera vez desde las reformas de 2014, los electores podrán decidir entre avalar o rechazar a quien pretenda reelegirse. Suena bonito: ahora será la ciudadanía la que tomará la determinación y emitirá su voto basada exclusivamente en el éxito o fracaso de sus representantes. Ojalá así fuera. Media todavía una gran distancia. Y el primer obstáculo son los partidos políticos, porque ellos, exclusivamente ellos, decidirán si postulan para la reelección a una o un alcalde o legislador, o si optan por alguien más afín a sus intereses partidistas. Los partidos pueden seguir preguntándose si les conviene o no la reelección de alguno de sus actuales representantes. Pero el tiempo se les agotó a ellos, pues a partir del 1 de marzo, o sea hoy, tendrán que ir de candidatos por su partido o no podrán ser postulados por otra organización política ni tampoco declararse independientes. Una disposición constitucional (art. 20, último párrafo; art. 77, Base Segunda) establece este “candado”. Más vale que diputados y presidentes municipales se ocupen de estar cerca de sus autoridades partidistas, porque serán exclusivamente ellas quienes les otorguen o les nieguen el pase para llegar a la boleta de 2018.
El Consejo del Instituto Electoral del Estado (Iepac) tiene necesidad de tomar medidas en torno a la reelección consecutiva que comenzará a aplicarse en unos meses. ¿Cuáles serán los criterios en materia de equidad en la contienda que se aplicarán? ¿Se demandará que tod@s quienes aspiren a ser reelect@s soliciten licencia a su cargo para participar en los procesos internos partidistas? ¿Qué sucederá entonces en el Congreso del Estado? ¿Entrarán los suplentes en los cruciales meses del final de su periodo? ¿Qué pasará en los ayuntamientos? Si quien aspira a reelegirse por otros tres años al frente del Cabildo, ¿lo hará solo o lo acompañará su planilla de regidores y síndicos? ¿Se van todos a la campaña y que el ayuntamiento entre en estado de hibernación mientras pasa la fecha electoral?
Esos y otros muchos temas vincu- lados a la novedad de la reelección consecutiva tendrán que ser analizados, debatidos y resueltos en breve tiempo por las autoridades electorales. Anticipo mi posición sobre las licencias para las campañas por la reelección. Considero que la normativa debe prever reglas claras sobre el acceso a los recursos para quien se lanza a su campaña siendo presidente municipal o diputado local en ejercicio del cargo. Pero sin exigir licencia o separación del cargo, porque entonces entraríamos a un periodo de inestabilidad administrativa y política que nada bueno dejaría a la sociedad yucateca.
El otro tema tiene relación con una iniciativa de reforma constitucional que el gobernador Rolando Zapata presentó el 17 de octubre pasado, en ocasión del 64 aniversario del voto de las mujeres. A la letra dice: “Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará (…) las reglas para garantizar la paridad de género en la asignación de candidaturas a diputados y de candidaturas para ayuntamientos, en sus dimensiones horizontal y vertical” (Art. 16, Apartado A, 2o. párrafo, subrayado DMSR). La paridad en las candidaturas a dipu- tados se aplicó desde la elección de 2015. No sucede lo mismo con los ayuntamientos, pues la ley local todavía dispone de una “cuota” del 30% de las candidaturas a regidores. Bajo el principio de paridad vertical, todas las planillas tendrían que estar integradas exactamente por la mitad de mujeres y hombres. Y en el caso de las candidaturas a las presidencias municipales, la mitad sería para las mujeres, 53 de 106.
Desde luego, cada partido político sería libre de definir en cuáles municipios postula a una mujer o a un hombre. Y los electores, también libremente, definirán si sufragan por una o por otro.
La aplicación de la paridad en los ayuntamientos no es una novedad en el país. Varios estados la aplicaron en 2015 y 2016. Yucatán, ya lo hemos expresado, está atrás. Queda muy poco tiempo para recuperar la iniciativa que durante muchos años acompañó la agenda de la igualdad en la tierra de Elvia Carrillo Puerto. El Congreso del Estado tiene que dictaminar ya, tanto la propuesta del gobernador como la de la diputada Beatriz Zavala, que va en el mismo sentido.
Sin embargo, existe una disposición que puede volverse un obstáculo infranqueable. Consiste en la imposibilidad de realizar reformas a las leyes electorales desde tres meses antes del inicio del proceso electoral 2018. Y éste comienza a principios de octubre. En conclusión, la reforma constitucional y a las leyes electorales en materia de paridad tienen que estar aprobadas antes del 30 de junio. ¿Podrán los diputados llegar a tiempo a su cita con la historia?