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El exgobernador veracruzano seguirá en prisión; es acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero; el expriísta fue detenido en 2017 en Guatemala, en calidad de prófugo de la justicia desde octubre de 2016.
Un juez federal ordenó suspender la ejecución de la sentencia de nueve años impuesta al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, mientras se analiza si las pruebas en las que se sustentó la sentencia fueron legales.
En entrevista, Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado del exgobernador de Veracruz, explicó que esa suspensión no incide en la libertad de Duarte, ya que sólo es para el efecto de que no se ejecute el decomiso de cuentas bancarias y de las más de 41 propiedades que presuntamente adquirió el exmandatario estatal.
“Esta suspensión no incide en el tema de su libertad, todavía no hay una resolución. El acto reclamado es el acuerdo por el cual no se tuvo por interpuesta la apelación contra la resolución del abreviado. Todos los inmuebles que fueron materia de decomiso no se pueden ejecutar, hasta en tanto cause estado esta sentencia y no ha causado estado, y se suspende para que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan”, explicó.
La condena de nueve años solo podría verse afectada si el tribunal resuelve conceder el amparo a Duarte de Ochoa, explicó.
Señaló que el propósito de la defensa es que todo el procedimiento abreviado se anule por vicios en el procedimiento, para que con ello el exgobernador pueda recobrar su libertad.
En septiembre de 2018, un juez de Control condenó al exgobernador de Veracruz a nueve años de prisión y a pagar una multa de 58 mil 890 pesos, luego de que se declaró culpable por lavado de dinero y asociación delictuosa.
También ordenó el decomiso de 41 bienes, de los cuales 21 son lotes de parcelas y 20 inmuebles, algunos de ellos valuados cada uno en 45 millones de pesos en zonas exclusivas de Santa Fe, en la Ciudad de México.
El expriísta fue detenido en 2017 en Guatemala, en calidad de prófugo de la justicia desde octubre de 2016, cuando la entonces Procuraduría General de la República dio a conocer que había una orden de aprehensión en su contra.
