Sobrevivir al Estado: “la federal quiso matarme” (Segunda parte)

La versión oficial de la masacre de Apatzingán en donde Alejandro, el joven autodefensa michoacano que sobrevivió a nueve fragmentos de granada y a seis balazos disparados por policías federales, sólo duró un par de meses. El entonces “comisionado para la paz”, Alfredo Castillo Cervantes, afirmó en su explicación del peritaje que la masacre de civiles sobre la avenida Constitución de 1814 se debió a un “enfrentamiento y fuego cruzado entre policías federales y civiles armados”.

Esta versión fue desmoronada y sus deficiencias expuestas gracias a la investigación periodística de Laura Castellanos publicada el 19 de abril en el semanario Proceso, el portal Aristegui Noticias y la cadena Univisión. Según la solicitud de medidas cautelares enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la mediatización del caso provocó nuevas amenazas que llegaron hasta el exilio de Alejandro entre el 25 y 29 de mayo vía Whatsapp.

El 6 de junio se cumplieron: en una muestra de la impunidad que impera en la región, el hermano “S” volvió a ser secuestrado por Caballeros Templarios. Horas después fue liberado con la condición de que Alejandro se entregara para evitar que “hicieran pedazos a su familia”. Antes de escapar de su comunidad, “S” habló por teléfono con Alejandro: tenía que entregarse el domingo 14 de junio. De no hacerlo se cobrarían “a lo chino”: harían pedazos a cualquiera de su familiares que se encontraran primero. El 16 de junio toda la familia se separó para salir desplazados de Michoacán. “S” se reunió con Alejandro en el exilio, y su madre se refugió en otra localidad fuera de Tancítaro.

A pesar del miedo que le representaba, Alejandro pidió ayuda al Estado. Primero lo hizo el 10 de junio a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Los abogados del michoacano solicitaron atención urgente para él y toda su familia. ”De esa reunión informal se acordó que la CEAV gestionaría la atención médica, mientras que el doctor adscrito a ésta comisión reafirmó la “necesidad urgente” de extraer las esquirlas de su cuerpo”.

El 15 de junio Alejandro y su representación legal tuvieron un primer acercamiento con personal de la Secretaría de Gobernación, del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para pedir apoyo por la extrema situación de peligro que enfrentaba el ex fuerza rural y su familia. Sin embargo, a pesar de conocer los hechos y recibir pruebas de las amenazas recabadas directamente del teléfono celular de Alejandro, todas las instituciones se dijeron “legalmente incapaces” para ofrecer protección.

El comisionado de la CEAV, Adrián Franco Zevada, fue enfático: “La CEAV no puede hacer nada hasta que denuncies ante la Procuraduría General de la República”. El michoacano contestó que lo haría, pero primero tendrían que poner a salvo a su familia. Denunciar ante la delegación de la PGR en Michoacán aumentaba el riesgo de filtraciones que pusieran en peligro a la madre y hermanos de Alejandro.

Según los artículos 7 fracción VIII y 40 de la ley general de víctimas, sobre el derecho de las personas a recibir medidas de protección, la CEAV estaba facultada para coordinar a las instituciones competentes de cualquier orden de gobierno en la atención de una problemática específica. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entonces, era responsable de garantizar a Alejandro y sus familiares, el acceso a la “protección del Estado, incluido el bienestar físico, psicológico y la seguridad del entorno”.

Ante la negativa del gobierno mexicano para proveer protección a las víctimas, la organización que en ese momento representaba a Alejandro, solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Un fragmento de la petición dirigida a este organismo refleja la gravedad de la inoperancia de los gobiernos federal y estatal:

“La naturaleza de las amenazas y atentados provienen de agentes estatales y de agentes no estatales que posiblemente actúan en colusión. Tanto la Policía Federal, como la Procuraduría General de la República Delegación Michoacán han actuado de forma que reflejan estar colaborando con el cártel de Los Caballeros Templarios. Se ruega actuar con cautela para no comprometer a Alejandro con solicitudes de información que requieran la intervención de la Policía Federal o a la Delegación de la PGR en Michoacán”.

La respuesta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue casi inmediata.

El 30 de junio del 2015 la CIDH publicó en su sitio web la resolución 23/2015, medida cautelar número 251-15 en donde solicita al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida de Alejandro y sus familiares, incluyendo atención médica. Pedía al gobierno de Enrique Peña Nieto que le informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la medida cautelar. La resolución fue firmada por Elizabeth Abi-Mershed, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en Washington, DC, Estados Unidos.

El 6 de julio, poco antes de las 11 de la mañana, Alejandro, el ex autodefensa y ex policía rural baleado por policías federales hacía exactamente seis meses y a quien el Estado le negó protección 21 días atrás en medio de una verificada situación de riesgo, entró caminando a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación en Ciudad de México.

Traía la resolución de la CIDH bajo el brazo. Esta vez las instituciones gubernamentales pusieron más atención al adolescente.

En aquella reunión estuvieron la Titular de la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Sara Irene Herrerías Guerra; Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, director General Adjunto (quien se negó en repetidas ocasiones a darnos una entrevista); la maestra Rosalinda Salinas Durán, Directora General en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República; la doctora América Nava Trujillo, Directora General de Estrategias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y Aurora Cuevas, de la Subsecretaría de Gobierno del Distrito Federal.

El michoacano llegó con un equipo de cinco abogados de la organización que lo representó hasta el 23 de febrero del 2016, cuando bajo protesta de decir la verdad, declinó de sus servicios legales. (También estos últimos se negaron a darnos una entrevista. Dos jóvenes en sus oficinas en Ciudad de México dijeron que nadie de su organización hablaría del asunto).

Fueron nueve los acuerdos logrados en esa primera reunión oficial. La Unidad de Defensa de los Derechos Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación se comprometió a proporcionar un cuarto de hotel para Alejandro y su hermano en lo que encontraban una casa de seguridad en una zona “relativamente rural”, así como el otorgamiento de botones de pánico para él, su madre y dos hermanos.

En el cuarto acuerdo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometía a informar sobre la ruta de atención de salud médica y psicológica para el michoacano. En este documento firmado por todos los funcionarios públicos arriba mencionados y de la cual este medio tiene copia, se señaló un monto de 250 mil pesos por concepto de salud que Alejandro gastó para salvar su vida; dinero prestado que hasta ahora no ha pagado porque según expuso la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para realizar el reembolso, es “necesario que se le reconozca como víctima”.

Alejandro lo es desde 25 de noviembre del 2015, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 3VG/2015 sobre las ejecuciones extrajudiciales en Apatzingán, donde solicitó a la CEAV en su inciso 772 que Alejandro, y otras personas más, fueran inscritas en el Registro Nacional de Víctimas.

En esa primera reunión oficial, la Unidad de Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, señaló que el reembolso no era materia de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según se lee en el apartado tres de la minuta de trabajo sobre “Requerimientos de salud y otras medidas” la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la encargada de hacer un rastreo de los hospitales en Michoacán donde el beneficiario fue intervenido y recuperar todas las facturas médicas.

A nueve meses de esa primera reunión, Alejandro afirma haber dado datos a la CEAV de los lugares donde recibió servicios médicos. Pese a eso, el monto las facturas que hasta abril 2016 han sido recuperadas no llega ni a los quinientos pesos, y hasta la última entrevista con Alejandro en ese mismo mes, seguía sin tener fecha para recibir el reembolso de los gastos médicos como dicta la ley general de víctimas.

El joven michoacano dice estar convencido de haber comenzado otra lucha, ahora sin “cuernos de chivo” ni chalecos blindados con 12 cargadores al pecho. Esta vez se metió en las sombras del sistema y su lentísimo laberinto burocrático. Su marcado acento michoacano suena enfadado, molesto cuando explica el trato que ha recibido:

“Se aprovechan de que nadie sabe de mí, de que mi nombre en realidad no existe. El mecanismo también los protege a ellos de no hacer bien su trabajo. Nadie sabe que nos han dejado plantados a mi y a mi hermano para llevarnos al Instituto (Nacional de Rehabilitación) para recibir atención médica. Nadie sabe que con el frío me duelen las esquirlas y ni medicamento tengo para los dolores. ¿Con quién me quejo? ¿A cuántas víctimas más se les tienen olvidadas o medio atendidas, oiga? ¿A quién le digo que el doctor Nacif (Martín Nacif Rojas, director de servicios médicos de la CEAV) me dice que no pasan por mi para llevarme al hospital, porque según no tienen carro ni chofer en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Ya estoy harto, hasta la madre. Ya quiero dar la cara y si es necesario que me regrese a mi pueblo y vuelva a agarrar un rifle para defenderme, pues lo hago. Ya tengo mi destino marcado”.

En un documento de seguimiento dirigido a la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Titular de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (UDDH) recibido el 15 de julio del 2015, el director de la organización que representó a Alejandro, denunció que personal de la CEAV llevó al muchacho el 9 de julio del 2015 al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y sólo realizaron el diagnóstico oftalmológico, cuando nueve días atrás se había acordado hacer un examen completo para evitar que la tardanza en la atención médica provocara más daño en su salud.

Cuenta Alejandro que la doctora Vania Bárcenas Piña, subdirectora de servicios médicos de la CEAV, fue la responsable de llevarlo aquella vez al INR. Dice que después de haber sido revisado, un médico le informó que ya nada se podía hacer por su ojo. De forma presencial este reportero visitó en tres ocasiones en marzo pasado al Instituto Nacional de Rehabilitación, y se constató mediante el sistema electrónico de visitas, que Alejandro no había asistido al área de oftalmología en el año 2015.

De acuerdo con los comprobantes de citas médicas de Alejandro (de los cuales este medio también tiene copia), el Instituto Nacional de Rehabilitación solo tiene registradas tres citas en la unidad de ortopedia el 30 y 31 de julio, así como el 19 de agosto del 2015. Alejandro cuenta que no acudió a una de esas citas porque le llamó la licenciada Martha Orozco Reyes, la abogada que la CEAV le asignó el 13 de agosto del 2015 por medio de su Asesoría Jurídica Federal, para decirle que la cita se había cancelado. No le dio motivos. Después de consultar con Alejandro su registro de citas en el INR no se encontró información de ninguna cancelación.

Alejandro debía regresar con los resultados de una tomografía el viernes 2 de octubre a las 09:30 horas con el cirujano ortopedista especialista en hombro, Michell Ruiz Suárez, pero tampoco asistió porque la CEAV lo dejó plantado. Lo mismo pasó con la cita que tenía para el 20 de enero del 2016, y lo mismo ha pasado con al menos dos citas de “S”, su hermano que no ha podido ver a un endocrinólogo porque también lo han dejado plantado.

“En realidad Alejandro tuvo una sola cita de revisión en ortopedia en julio, cuando se hizo el diagnóstico de la lesión del hombro con el doctor Jorge Eduardo Báez. “Sin el resultado de los estudios quiere decir que no han venido a solicitar nuevas citas”, afirma una de las responsables administrativas en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Alejandro dice que ya no quiere depender de la CEAV para ir al hospital, pero no le es fácil transportarse desde el exilio, al sur de la Ciudad de México. La falta de dinero y riesgo en la distancia de una ciudad a otra son las causas principales: “Tengo seis balazos en el cuerpo, oiga. No puedo caminar por mucho tiempo por las heridas en el pie. No puedo mover el brazo como quisiera y los pedazos de bala en el estómago no me dejan dormir”.

Pero las deficiencias del gobierno de México en la atención a Alejandro no terminan ahí: su representantes legales notificaron a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación sobre los problemas en el hotel donde Alejandro fue resguardado al principio de las medidas cautelares. Después de dos días de alojamiento en el hotel Holiday Inn en Tlalpan, le fue impedido el acceso por falta de pago.

“Una vez ya me iban a sacar del hotel. Me dijeron que no habían pagado y que si no venían a pagar yo tendría que hacerlo. Eran como 17 mil pesos. ¿De dónde voy a sacar 17 mil pesos para pagarles? Me dijeron que tenía hasta las tres de la tarde para desocupar la habitación. Le hablé a mis abogados y les dije que me querían sacar del hotel y que antes no me dejaban pasar al restaurante. Ellos (los abogados) me calmaron y me dijeron que hablarían a Gobernación. Media hora después los de recepción del hotel me dijeron que ya me pasara, que ya habían pagado. Fue humillante”.

La gerencia del hotel informó que la reservación fue hecha únicamente por dos días. La falta de cuidado de RCU Sistemas, empresa responsable de dar este servicio a los beneficiarios de medidas cautelares y del mecanismo de protección a defensores y periodistas, no sólo puso en riesgo la vida de Alejandro al no pagar por más tiempo el cuarto de hotel y dejarlo expuesto, sino que nunca previeron que el edificio no tenía recepción de señal de teléfono celular, lo que inutilizó el botón de pánico. Mayra Lorena Estrada Martínez, de RCU Sistemas, se limitó a indicar que pusieran el botón cerca de una ventana.

La queja de los abogados, motivada por la deficiente atención que hasta ese momento había recibido Alejandro, resaltó que “la discapacidad visual del ojo izquierdo es un consecuencia directa de la falta de atención oportuna que debió recibir por parte del Estado mexicano tras ocurrir los hechos del 6 de enero en Apatzingán, Michoacán. Debido a la tardanza médica a más de seis meses de ocurridos los hechos, las consecuencias son irreversibles”. Alejandro perdió totalmente la vista del ojo izquierdo y asegura no haber recibido medicamento para calmar los dolores de las esquirlas.

A finales de agosto Alejandro y su hermano “S” por fin fueron alojados en un departamento con vigilancia policiaca esporádica. Era un piso de dos recámaras en un edificio donde según el michoacano, hay más personas alojadas en otros departamentos que son beneficiarias de medidas cautelares. Asegura que en ese lugar la Comisión Federal de Electricidad ya le cortó la luz una vez porque RCU Sistemas tampoco pagó el servicio a tiempo.

El mes pasado Alejandro fue trasladado a otro departamento en otra ciudad donde permanecerá hasta una fecha indefinida en las sombras del sistema, desplazado, con su familia regada en varios estados del país y caminando en un laberinto imposible lleno de indiferencia y trabas burocráticas que no le han permitido siquiera tener un comprobante de domicilio para abrir una cuenta de banco. “Ya estoy harto de esta berraca ciudad”, dice con enfado. “Yo soy de rancho, soy campesino cortador de aguacate, mi papá me enseñó a cuidar la planta”.

Hasta agosto 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene registrado un total de 3148 personas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y a 2645 más pendientes de inscripción.