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Hoy en conferencia de prensa en el Senado de la República, el Senador Daniel Ávila Ruiz habló sobre la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales y, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de “Turismo electoral”, el cual se turnó a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y a la Comisión de Gobernación.
El objetivo de la iniciativa es otorgar al Estado mexicano instrumentos jurídicos eficaces para combatir y erradicar el denominado “Turismo electoral”, en los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de México.
El Senador panista Ávila Ruiz subrayó que la Constitución Política consagra en su artículo 35 el derecho de los ciudadanos a votar y ser votado: “Un derecho como este, sin lugar a dudas no puede ser pensado fuera de un estado democrático, o en proceso de la edificación de su democracia”.
En este tenor, señaló que durante las contiendas electorales realizadas entre 2014 y 2015 la conducta que más se denunció en las averiguaciones previas fue Alteración del Registro Federal de Electores, “estas conductas delictivas fueron por turismo electoral, yo personalmente presenté varias denuncias por el cambio de domicilios de Quintana Roo a Yucatán, y de Yucatán a Quintana Roo, durante los procesos electorales celebrados en ambas entidades”.
Precisó que los delitos electorales crecieron en 700%, en los procesos electorales 2014-2015, en comparación con los de 2012, por lo que exhortó a los Senadores aprobar la iniciativa con el objetivo de remediar este problema.
En consecuencia, el Senador Daniel Ávila Ruiz subrayó que es importante para la democracia, tipificar desde la Constitución delitos electorales graves, como el “turismo electoral”, así como todas aquellas conductas delictivas que, de manera reiterada, se han
venido cometiendo e incrementando durante en los procesos electorales.
Finalmente, el Senador Ávila Ruiz precisó que la democracia debe construirse con el esfuerzo de todos y trabajando para mejorar la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de promover el voto libre y secreto y evitar presiones, coacciones o conductas que alteren la voluntad popular.
