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Por Redacción/SinEmbargo
La presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será un nuevo requisito para tramitar licencias y permisos para conducir; pasaporte; compra-venta de inmuebles; y hasta para participar como candidato a cargos de elección popular.
Ciudad de México, 22 de febrero (SinEmbargo).- El pleno del Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen que plantea modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar el cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país.
Avalada con 86 votos, la propuesta que ya fue enviada al Ejecutivo federal, busca crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde se concentre la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
“De acuerdo con el dictamen, las autoridades de los tres niveles de Gobierno dispondrán de lo necesario para establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro al realizar trámites y procedimientos como: Licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales”.
También se requerirá dicho certificado en las solicitudes de matrimonio, situación en la que la persona oficial del Registro Civil, deberá hacer del conocimiento de los contrayentes, si alguno se encuentra en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Los deudores alimentarios no podrán tener licencia para conducir, INE, pasaporte o un cargo de elección popular. Foto: Eunice Adorno, Cuartoscuro
Además, para impedir que las personas que han incumplido con sus obligaciones alimentarias puedan salir del país, pues se prevén medidas de restricción migratoria, así como cuando haya otros medios de prueba para determinar la existencia de un riesgo importante y busque este medio de evasión del pago de la deuda.
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, afirmó que el dictamen responde a la obligación del Estado mexicano para garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias de las niñas, niños y adolescentes del país.
“Por su parte, la presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, Mayuli Latifa Martínez Simón, destacó la intrínseca relación que tiene este derecho con el bienestar, seguridad social y económica los menores, al referir que, de cada 10 divorcios, siete padres no cumplen con la pensión alimenticia, lo que se convierte en un problema grave que requiere de soluciones, “pues es alarmante que los hijos padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos básicos”.
La Senadora Imelda Castro Castro, de Morena, sostuvo que al modificar el proceso de los trámites se privilegia el principio de interés superior de la niñez y se asegura el cumplimiento efectivo de sus derechos; mientras que la panista Josefina Vázquez Mota, lamentó que cuando los menores no reciben pensión alimenticia, muchas veces se ven obligados a trabajar y a dejar sus estudios, por lo que, con esta reforma, “hoy se les termina la impunidad a los deudores alimentarios”.
Por unanimidad, el Pleno del Senado avala el dictamen que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de deudores alimentarios y pensiones— Canal del Congreso (@CanalCongreso) March 22, 2023
Del Partido del Trabajo, la Senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, indicó que sólo una de cada 10 mujeres que demanda consigue garantizar el derecho a los alimentos de uno de los sectores más vulnerables del país.
Mientras que para el Senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, es fundamental generar este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, porque “el derecho de dar y recibir alimentos es de interés público”.
Redacción/SinEmbargo
