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El plantón de los usuarios de cajas de seguridad en la empresa First National Security de Cancún, afectados por las investigaciones arbitrarias e incuantificables robos que realizaron agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones contra la Delincuencia Organizada (SEIDO), se dio por terminado este domingo a las 20:00 horas, su campamento permanente 37 días después de haberlo iniciado, confirmó el vocero de los afectado David Uribe.
En medio de un proceso judicial plagado de irregularidades y actuaciones que violan los derechos y las garantías individuales de mexicanos y de extranjeros de 25 nacionalidades, los 250 afectados que se organizaron, a través de un comunicado que diseminaron a través de redes sociales, pidieron a las autoridades de la PGR y Seido, así como al poder Ejecutivo del país, una disculpa pública y la garantía de que los hechos y violaciones ocurridos aquí jamás volverán a suceder.
Asimismo, piden a los diputados, garantizar a través de nueva legislación, la protección que constitucionalmente debíamos tener garantizada para que esta ilegalidad jamás vuelva a ocurrir. Y a los magistrados del poder Judicial justicia para sancionar a quienes resulten culpables por estas injusticias y violaciones.
“Hoy, a 55 días después de la clausura de FNS, a 37 días después de haber iniciado el plantón, y con 25 días desde que inició la entrega de cajas de seguridad, queremos hacer constar las violaciones a nuestros derechos humanos y constitucionales, así como el robo sufrido por innumerables afectados y la corrupción que ha existido en el proceso de entrega del contenido de las cajas. Como representantes de los afectados, hemos recibido y documentado muchas quejas de faltantes en el patrimonio entregado a nuestros compañeros afectados.
un poder ilimitado
Lamentablemente, ninguno de los casos optó por completar el proceso de reclamo ante la SEIDO por el temor ante lo que implicaba dicho proceso: Más tiempo y energía invertidos luchando con una entidad de gobierno que parece tener un poder ilimitado”, mencionó el comunicado.
Los afectados, calificaron el proceso de devolución de sus pertenencias como poco transparente, ya que se les exigió acreditar y justificar con documentación, incluso fiscal y con imágenes personales, la procedencia lícita de sus patrimonios.
“Este acto ignoró abiertamente y descaradamente nuestro derecho constitucional de presunción de inocencia, obligándonos a comprobar que no estuviéramos involucrados en el crimen organizado. Y como insulto final, la SEIDO nos obligó a firmar de conformidad, con o sin faltantes y bajo coacción para que nuestro patrimonio fuera devuelto. Por derecho, ahora solicitamos a la SEIDO de inmediato, copia del Acta firmada para la entrega de las pertenencias, ya que se nos negó la entrega de la misma al momento de la entrevista”, precisaron.
Motivo por el cual, solicitaron al Estado que ejerza el derecho a la protección de datos que se refieren a nuestra vida privada y datos personales que se encuentran en posesión de la autoridad. Como establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“El estado tiene la obligación de esclarecer, investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos. Aunado a ello, el impacto de dichas violaciones ha trascendido el ámbito material y ha puesto en riesgo la salud y el bienestar de los afectados”, apuntó.
