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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicado en Diario de Yucatán
Recibí una foto de un hombre con una pierna lastimada. Le habían lanzado una bicicleta.
Ésta es una más de las agresiones que han sufrido pobladores y ejidatarios de San José Tipceh, una ex hacienda henequenera en Muna, que se han opuesto a la construcción del parque fotovoltaico Ticul A y Ticul B.
Mientras que para algunos habitantes de San José Tipceh, sobre todo para ejidatarios y sus familiares, el parque solar representa una fuente de ingresos gracias al usufructo de sus tierras ejidales ubicadas en un municipio en donde más del 70 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y en donde los empleos suelen encontrarse fuera de su localidad, para un grupo de pobladoras y pobladores, el parque, de más de un millón de paneles solares, presenta diversas amenazas.
Algunos pobladores no quieren el parque solar porque se encuentra muy cerca de la zona habitacional de San José Tipceh; otros expresan su preocupación por el aumento del calor debido a la deforestación de cientos de hectáreas para la instalación de los paneles solares, así como las afectaciones a milpas y parcelas.
Estas preocupaciones ambientales no son menores. De acuerdo con el Ordenamiento ecológico territorial, el instrumento que regula el uso del suelo y las actividades productivas para proteger el medio ambiente, en la región del Puuc, donde se ubicaría el proyecto, no se permite la construcción de proyectos con un volumen de deforestación como el del parque Ticul. Este es un asunto sobre el que el gobierno del Estado, particularmente a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, debe tomar cartas.
Asimismo, en una reciente entrevista, Jan Jarab, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), declaró que “El caso de Tipceh hay que leerlo con cuidado. Que la energía sea renovable no necesariamente significa sostenible en términos ambientales o sociales. Una cosa es poner paneles solares en casas o desiertos de México, eso nos parece útil; pero deforestar para colocar paneles solares a una gran escala es otra cosa desde la perspectiva ambientalista”.
Los temas ambientales no son las únicas preocupaciones de los pobladores de San José Tipceh. Uno de los principales motivos de inconformidad es que, para los pobladores, las “cosas no se hicieron bien desde el principio”. El primer acercamiento a la comunidad fue a través de un intermediario que quiso rentar las tierras del ejido diciéndoles que era para sembrar estevia y limones (“actividades agrícolas”, se lee en el acta de asamblea ejidal). “Todos los papeles, todos los trámites están mal”, se quejan los pobladores, ya que algunas actas incluyen firmas de personas fallecidas o de personas que no viven en la comunidad.
Otra fuente de malestar es el sentimiento de que “no los tomaron en cuenta”. Como es sabido, el Estado no consultó previamente a la comunidad sobre la construcción del parque solar, a pesar de la obligación que aquél tiene de hacerlo.
Sin embargo, el inicio de la consulta en abril del año pasado no ha solucionado los problemas. Esto se debe a que la consulta no puede ser un mero procedimiento de trámite para cumplir con un requisito, sino que debe respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos; cuando menos, la consulta debe ser “previa”, “libre” e “informada”. En diversas ocasiones se ha señalado que esta consulta no ha sido previa, pues se realizó después de la subasta de largo plazo en la que concursó el proyecto, después de que se firmaron contratos, se “brecharon” caminos y, a inicios del mes pasado, la empresa realizó un pago de más de tres millones de pesos al ejido por la “contraprestación del contrato de usufructo”.
Los pobladores consideran que la consulta tampoco ha sido “libre”, debido a que hay un ambiente de creciente conflictividad, tensiones, agresiones físicas y verbales e incluso amenazas de muerte. Además de la agresión señalada al inicio, los pobladores han interpuesto ya varias denuncias por violencia contra quienes se oponen al parque solar. Una de ellas fue presentada el pasado 10 de julio, en donde el denunciante reporta la siguiente amenaza: “Si se cancela el proyecto y se va la empresa, a todos los que estuvieron en contra del proyecto los voy a matar uno por uno” (FGE, Acta número UNATD16-GI/000534/2018).
Este ambiente de violencia es sumamente preocupante. De acuerdo con el más reciente informe anual de Victoria Tauli-Corpuz, la Relatora Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, “La rápida expansión de proyectos de inversión en tierras indígenas sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas”.
En su informe, Tauli-Corpuz identifica un “patrón de abuso” y de violencia contra opositores a proyectos que amenazan los medios de subsistencia y cultura de pueblos indígenas. El primer paso, sostiene, son “las campañas de difamación y los discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ‘obstáculos para el desarrollo’”.
Debido a este patrón de abuso, tan solo el año pasado fueron asesinados 312 defensores de derechos humanos en el mundo. De acuerdo con el informe de la Relatora Especial, el 67% de dichos homicidios fue contra defensores de tierras, el medio ambiente o derechos indígenas, y el 80% de los asesinatos ocurrieron en Brasil, Colombia, México y las Filipinas.
Asimismo, de acuerdo con el “Informe anual sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017”, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, en el periodo de julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron en México 88 casos de ataques contra personas defensoras de los derechos ambientales, incluyendo 29 personas asesinadas.
Los pobladores también señalan que no ha sido una consulta “informada”: la etapa “informativa” de la consulta concluyó hace un par de meses sin que todos los participantes estuviesen satisfechos con la información recibida —proporcionada por el Estado y la empresa—; varios temas de preocupación de la comunidad, como los efectos de la deforestación y los impactos solares, no fueron lo suficientemente abordados.
El caso de San José Tipceh ha encendido las alarmas. Se trata del primer caso de Yucatán que ha sido documentado en los informes elaborados por la Relatoría Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Como informó Diario de Yucatán la semana pasada, recientemente se presentó el informe de la Relatora Especial sobre su visita a México en noviembre del año pasado.
En su informe, la Relatora documenta que: “En el municipio de Muna, Yucatán, las autoridades ejidales y ambientales autorizaron un parque solar que implicaría la construcción de más de un millón de paneles solares en territorios indígenas, sin consultar previamente a las comunidades mayas afectadas. Se alega que los contratos previos firmados entre el ejido y la empresa han afectado el carácter libre de la consulta y causado divisiones y conflictividad en la comunidad. Comuneros indígenas que han cuestionado irregularidades en el proceso han sufrido amenazas, difamaciones y agresiones” (párr. 40).
No debemos esperar a que en San José Tipceh o en cualquier otra parte de Yucatán ocurra un asesinato contra defensores de las tierras y los derechos ambientales. Se debe poner un alto ya a las agresiones físicas y verbales, a las intimidaciones y amenazas de muerte que están sucediendo ahora mismo.
Para contribuir a solucionar el problema, las autoridades de los tres niveles de gobierno y los funcionarios de los tres poderes del Estado deben conocer e implementar las recomendaciones realizadas por la Relatora en su informe sobre México: el desarrollo de proyectos, como los de la reforma energética, “requiere un enfoque de derechos humanos”; se debe “sustituir un enfoque asistencialista por un enfoque de derechos humanos que promueva el empoderamiento y libre determinación de los pueblos indígenas”; se debe reformar integralmente el régimen jurídico agrario “para incorporar los actuales estándares internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas”; se debe “fiscalizar las actuaciones de las empresas y de investigar y sancionar los daños ambientales y de salud que puedan sufrir los pueblos indígenas”.
Especialmente: “se recomiendan diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno sobre el concepto de desarrollo que conduzcan a la adopción de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas. Las propuestas de desarrollo de los pueblos indígenas deben tener prioridad en sus territorios” (párr. 102).— Mérida, Yucatán
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM