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“Por así convenir a sus intereses”, fue el argumento utilizado por Emiliano Novelo Rivero, auditor superior del estado, y Antonio Baduy Moscoso, auditor suplente, para presentar su correspondiente renuncia ante la Oficialía de Partes del Congreso de Quintana Roo.
Se presume que la renuncia de ambos funcionarios llegó en un solo documento dirigido al Diputado Pedro Flota Alcocer, quien funge como Presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura, del Congreso Local.
Novelo Rivero fue designado como Auditor el 15 de abril de 2010 por la XII Legislatura, sin embargo esta semana solicitó su separación del cargo.
Mientras que el suplente, Baduy Moscoso, fue electo como tal en marzo de 2011, presentando su renuncia al mismo tiempo.
Aunque cabe mencionar que éste último incumpliría los requisitos para el cargo, aparentemente, ya que actualmente funge como tesorero del Municipio de Cozumel.
Entre lo extraño de la renuncia, es que todo el personal directivo de la Auditoría Superior del Estado presentó su renuncia, pese a que presuntamente mantenían buena relación con el Gobierno del Estado.
Cabe mencionar que las renuncias tienen lugar tras el anuncio del gobernador Electo, Carlo Joaquín González de que la deuda pública actual, que supera los 22 mil millones de pesos sería auditada.
Por su parte la Diputación Permanente de la XIV Legislatura sesionó a puerta cerrada concluyendo con la decisión de abrir un periodo extraordinario de sesiones para la próxima semana, donde se espera que la Comisión de Hacienda emita la convocatoria respectiva para la elección de un nuevo auditor, que tendrá el cargo durante siete años, según lo establece la Ley del Órgano Superior de Fiscalización.
Algunos de los requisitos que prevé la Ley del OSF en el Artículo 66 son: ser ciudadano quintanarroense; no tener menos de 35 años cumplidos el día de la designación; gozar de buena reputación; no pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religioso; no haber sido en los dos años anteriores secretario de despacho del Ejecutivo, procurador, director general, titular de los entes públicos, presidente municipal, síndico o tesorero municipal, ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado a algún cargo de elección popular.
Además, deberá contar con una experiencia mínima de cinco años en materia de control financiero y de responsabilidades, y contar con antigüedad de dos años con título y cédula de licenciado en contaduría o contador público, finanzas, derecho o administración.
