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México, CDMX. 21 de julio, 2020. Vía la plataforma digital, Zoom, Reinserta convocó a expertas y expertos en la materia para un diálogo sobre la niñez y adolescencia en contacto con el Sistema de Justicia Penal en México. En la primera mesa, moderada por el periodista Manuel López San Martín, participaron la Senadora Josefina Vázquez Mota; Julia Borbolla, Presidenta Antenas por los niños A.C.; Esthela Damián, Titular general del DIF de la CDMX y Gabriela Velázquez de Mendoza, Presidenta Honoraria del SEDIF Baja California Sur. La Senadora Vázquez Mota instó que mientras las niñas y niños no sean prioridad en los presupuestos y en el ejercicio de, no existirá cambio alguno en beneficio de su educación y desarrollo.
Destacó que la violencia que viven niñas y niños en México es extremadamente grave. “Se estima que aproximadamente, 5 millones son víctimas de violencia sexual”, haciendo énfasis en que la mayoría de los casos ocurren dentro de los mismos hogares de las niñas y niños. También mencionó que hay niños y niñas de entre 10 y 11 años que son cooptados por el crimen organizado. Por ende, el Estado mexicano debe tener políticas que vayan más allá de una política exitosa temporal. “Hay que ver cómo acompañar a las madres, fortalecer el SIPINNA y los modelos que vayan resultando exitosos.”
Esthela Damián subrayó que existen “muchas normas y poca ejecución”. Al igual que exhortó a que exista cooperación entre distintas instancias gubernamentales que atiendan a niñas y niños que pasan por el sistema de justicia, para poder así, abordar la situación, sensibilizar e identificar las características del caso para cada niña, niño y adolescente. Asimismo, Julia Borbolla incitó a dejar de normalizar la violencia y a considerar como sociedad a las y los niños.
“Los niños son el mejor material que tenemos en el género humano. Sus características de resiliencia, de fortaleza, deben ser aprovechadas para resignificar la dignidad, para alfabetizar sobre la dignidad”. Igualmente mencionó que México ha firmado tratados internacionales, que hablan de la redignificación del niño y la no-victimización; sin embargo, reconoce que existen deficiencias en el cumplimiento de ellos. Gabriela Velázquez puso énfasis en que todas las instancias, deben de trabajar de manera transversal para apoyarse en todos los aspectos para poder lograr una mejoría en el sistema. “El DIF no es autónomo, necesita del Poder Judicial, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Gobernación, si somos transversales podemos funcionar mejor”.
La segunda mesa donde se discutió el tema de las niñas y niños con madres y padres privados de su libertad fue moderada por Saskia Niño de Rivera, co-fundadora y vocera de Reinserta. Contribuyeron en el debate, la Senadora Kenia López; Luis Alberto Muñoz, Abogado de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C.; Mercedes Beker, co-fundadora y Directora de Salud Mental, de La Cana A.C.; y Manuel Palma Rangel, Subsecretario del Control Penitenciario del EDOMEX.
La Senadora Kenia, enfatizó que la problemática yace más allá de la construcción de la Ley que atiende a las niñas y niños con madres y padres privados de su libertad, y, por ende, se debe de destinar presupuesto gubernamental para generar protocolos que protejan a las y los niños en distintos momentos del proceso penal. Asimismo, mencionó que se lleva al Senado la responsabilidad de poder llevar una lógica de entendimiento de género, al igual que reconoció que es indispensable designar presupuesto a programas en favor del desarrollo integral de los niños y sus padres. Mercedes Becker enfatizó la necesidad de brindar seguimiento a los niños que vivieron ya sea dentro o fuera de los reclusorios, porque las repercusiones que tienen al tener padres privados de su libertad pueden ser grandes y les pueden generar marginación.
El subsecretario Palma, informó que “el 83% de las personas privadas de la libertad dijeron tener un hijo. Más o menos medio millón de niños tienen a alguien conocido privado de la libertad. No sabemos quiénes son, ni dónde están. En el EDOMEX, tenemos 22,500 niños con referente carcelario.” Por ende, es necesario brindar atención y presupuesto público en la salud de las madres privadas de su libertad y sus hijas e hijos, al igual que mejorar la infraestructura en los penales para ofrecer las mejores condiciones posibles para las niñas y niños.
Luis Alberto Muñoz, habló sobre la carencia y ausencia en la participación de la procuraduría para establecer planes y diagnósticos, datos certeros y la participación de instituciones legales. “Tenemos un marco legislativo que, si bien es perfectible, es una muy buena base para poder pelear el ejercicio eficaz de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Igualmente puntualizó sobre las inequidades de género en el sistema de justicia penal, mismas que deben de atenderse para contemplar la participación de los padres y no sólo de las madres de niñas y niños en contacto con el sistema penitenciario.
Finalmente, en la mesa sobre niños reclutados por el crimen organizado, moderada por Mercedes Castañeda, co-fundadora de Reinserta, participaron: Juan Martin Pérez García: Director Ejecutivo de REDIM; Ricardo Bucio Mújica, Secretario Ejecutivo del SIPINNA; Elena Azaola, Investigadora del CIESAS; Jesús Moreno, Director general adjunto de atención Psicosocial, Fiscalía General de la República y Rodrigo Reyes, Coordinador de Asesores de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Ricardo Bucio destacó que los factores como la pobreza, inseguridad pública, violencia, marginación, rezago social y abandono escolar incitan a los jóvenes a acercarse a la delincuencia organizada. Estos factores, acompañados de la acción proactiva del narcotráfico se convierte en un problema.
La serie de acciones que se han ido implementando y diseñando en los últimos años, no tienen la velocidad ni fuerza para competir de manera proactiva con el crimen organizado. Bucio exhorta a que exista un mejor diálogo entre el gabinete social y la Procuraduría General de Justicia. Jesús Moreno mencionó que existe una necesidad de pertenencia e identificación en los jóvenes, el cual es el puente para que se vean en la necesidad de integrarse al crimen organizado. Es esencial hacer intervenciones específicas que atiendan las nulas oportunidades de reinserción para alejar a estos jóvenes de la delincuencia organizada.
Elena Azaola destacó que, en México, “existen grupos del crimen organizado que tienen el interés de reclutar a adolescentes porque son fácilmente sustituibles, son una especie de carne de cañón que colocan al frente”. Acepta que, en México, a pesar de tener conocimiento en el tema, no hemos sido capaces de impulsar las políticas públicas para hacer frente a este problema, y que las políticas públicas existentes no logran atender la desigualdad. Azaola resalta que se requieren políticas mucho más finas y precisas para atender esta compleja problemática.
Rodrigo Reyes reconoció que “el hecho de que grupos criminales puedan reclutar a jóvenes tiene que ver con problemas estructurales del Estado. El crimen pone bancas, pone carreteras, es un vacío del Estado que grupos criminales han ido ocupando”. Por lo que, menciona que existe una necesidad de coordinar vertical y horizontalmente y menciona que el Estado observa a los jóvenes reclutados en los municipios y aunque el panorama es difícil, desde la Federación se están haciendo esfuerzos puntuales para mejorar la situación.
Juan Martín Pérez, como Director de REDIM, recalcó que las fuentes de reclutamiento siguen alimentando a los segmentos de población excluida y que ello forma parte de contextos comunitarios con ruptura del tejido social que convierten a víctimas en victimarios. “México está en una guerra. Toda guerra necesita soldados. Niñas, niños y adolescentes se convierten en presa fácil de estos grupos criminales”. Asimismo, destacó que “el presupuesto para las fuerzas armadas se ha triplicado.
La prevención no existe y lo que estamos encontrando es un estímulo a la guerra. El reclutamiento no sólo lo hacen los criminales, sino también el gobierno”.
Todas y todos los ponentes invitados concuerdan en el trabajo esencial que se deben de tomar acciones urgentes y necesarias para proteger los Derechos Humanos y el futuro de la niñez y juventud en contacto con el sistema de justicia penal en México.
