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El proyecto del magistrado José Ángel Máttar Oliva, aprobado por unanimidad y con el voto concurrente de la magistrada Patricia Elia Cerros Domínguez, señaló que la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Quintana Roo presentada por la XV Legislatura es inconstitucional porque desde su creación se violó formalmente el proceso de creación por lo tanto toda la ley es ilegal al no cumplir los requisitos mínimos cómo una iniciativa de ley, que la aprueben en las Comisiones y posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados votarla.
Además, existen lagunas jurídicas que no regulan correctamente el transporte por plataforma electrónica UBER, según precisó.
Por tanto, el Congreso tendrá que emitir una nueva ley, pero como ya existe un cuarto caso similar en donde se especifica que es anticonstitucional, en la próxima sesión sería el quinto, lo que formaría jurisprudencia obligatoria a favor de UBER.
Es decir, se revoca la resolución y la Justicia de la Unión ampara y protege a la empresa UBER para que se nulifique el acto de aplicación de la ley, y no se le aplique la citada Ley y en lo futuro no sea sujeta a infracción, ni multa. En pocas palabras sería legal la operación de UBER en la entidad.
Aun existen cuatro procesos de amparo por resolver, empero se trata de casos individuales donde los recurrentes son operadores de la plataforma y no de la empresa UBER.
Por resolver quedan los expedientes Ar 23/2018, recurrente Juan Leonardo García Reyes; Ar 30/2018, de Rafael Rico Carrascosa; Ar 87/2018; Juan Carlos Sáenz; y Ar 101/2018, de Víctor Manuel Pérez Romero.
