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La directora general del Consejo Nacional de Salud Mental, Virginia González Torres, afirmó que en ningún momento se aceptará el ingreso al Hospital Psiquiátrico “Yucatán” del presunto feminicida Eduardo Enrique Real Castillo, por problemas psicológicos, y minimizar la condena correspondiente a éste delito.
“Las instalaciones (del psiquiátrico) no son para criminales”, sentenció al establecer que los únicos usuarios (pacientes) son personas sin antecedentes penales y remarcó que el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Mérida tiene un área de psiquiatría, donde el presunto feminicida puede estar mientras cumple con su condena.
“El Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental es para beneficiar a pacientes con algún trastorno pero no para los que han cometido un asesinato”, acotó e insistió que en todo momento evitarán que Real Castillo sea remitido al Hospital Psiquiátrico, debido a que, entre otras cosas, “se carece de las instalaciones adecuadas para bridar el correspondiente servicio”.
“No somos un penal y mucho menos tenemos la infraestructura adecuada para dar albergue a los reos, además que el Modelo Hidalgo no es para el beneficio de personas que cometieron algún delito”, subrayó, remarcando que una persona que cometió un delito no puede convivir con el resto de los internos, debido a que se trata de personas que fueron sentenciados a estar en prisión.
Por otra parte, en breve, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentará un estudio psicológico de Real Castillo, presunto responsable del asesinato de su esposa Jéssica Esmeralda Cano Baas, de 25 años de edad, con el cual buscan la confrontación con el veredicto que ofreció el psiquiatra del penal, Arsenio Rosado Franco, ex director del Psiquiátrico, quien estableció que el hoy recluso tiene problemas mentales y padece retraso mental, que lo harían candidato a que se le declare inimputable del delito cometido.
La decisión está en manos del juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida, Luis Edwin Mugarte Guerrero, quien primeramente valorará los argumentos y pruebas de ambas partes, para luego determinar su estancia en el Cereso de Mérida, en el Psiquiátrico u otro lugar especial.
Rosado Franco estableció que, de acuerdo con la entrevista realizada al presunto inculpado, el pasado viernes 1, “detecté en el interrogatorio y en el examen mental, muchos datos clínicos que corresponden a un probable retraso mental”. Por ende, solicitó que “para establecer con certeza este diagnóstico, requiero solicitar pruebas psicológicas que evalúen con precisión la inteligencia y si existe un daño orgánico mental”.
Agregó que “todo esto, para establecer una correlación clínica entre la historia clínica, el electroencefalograma y las pruebas psicológicas, y poder realizar el peritaje de manera completa”.
