..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
Artículos relacionados
Con el temor de perder su única fuente de ingresos por falta de una pensión o algún otro apoyo, personas de la tercera edad que laboran como empacadoras en el supermercado “Chedrahui Itzáes”, de manera anónima expresaron sus quejas por el mal trato recibido por parte del gerente y encargada de dicha tienda, ubicada en la Avenida Itzáes.
Según un convenio firmado por la empresa con el Instituto Nacional de las Personas Adultas mayores, estas personas que son ocupadas como empacadores, mal llamadas “cerillitos”,no devengan ningún salario y no cuentan con un convenio escrito con la empresa y portan un gafete que dice “Empacador Voluntario”.
El descontento y queja es, porque a pesar que su trabajo es solo empacar los artículos que adquieren los consumidores en la tienda “Chedraui Itzáes”, y mantener limpio y en orden su área de trabajo, el gerente y la encargada de nombre María Eugenia, los obliga a quedarse más tiempo del que corresponde a sus horarios, acomodar mercancía en los anaqueles, limpiar pisos, descargar cajas pesadas con alimentos para acomodar en anaqueles y enviarlos a paquetería a recibir y entregar bolsas de los usuarios que ingresan al lugar.
Esto ha ocasionado que varios ancianos hayan sufrido daño en las rodillas y espalda, y hace unos días uno de ellos tuvo que ser hospitalizado por reincidir en una lesión en la espalda, luego que le hicieran cargar varias cajas muy pesadas, por la mencionada María Eugenia; cuando alguno de ellos llega a faltar, le piden 7 pesos a cada uno para compensar al que va a cubrir el turno doble; actualmente son aproximadamente 50 personas de la tercera edad que prestan sus servicios en este supermercado, cubriendo tres turnos: 7 a.m. a 1 de la tarde; 1 a 6 de la tarde y de 6 a 11 de la noche.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), realizó una investigación en 2012 con adultos mayores que trabajan como empacadores en supermercados, la cual reveló las exigencias laborales por parte de las empresas, y una nula reciprocidad con las personas que se dedican a esta actividad de manera voluntaria.
La incorporación laboral de los adultos mayores se realiza sin ningún control y, comúnmente se consigue para puestos de baja remuneración, muchas veces sin las condiciones mínimas que las leyes laborales exigen, como salario, vacaciones, aguinaldo o seguridad social, como en el caso de los supermercados que ocupan a personas de edad para ayudar a sus clientes en el empaque y traslado de mercancías, haciéndolos depender sólo de las propinas que se les regale.
Según sus propias declaraciones, para acceder al trabajo en el supermercado, tienen que llenar estrictamente los requisitos entre los que están el de contar con seguridad social, estar registrado en el INAPAM, cumplir con los horarios establecidos por la empresa y presentarse uniformado; en cambio, la empresa desconoce la relación laboral, al no establecer un salario y no contar con derechos y ninguna protección. Asimismo, recalcan que el trabajo “voluntario” que los empacadores realizan, ayuda a las mismas empresas a ahorrarse el pago de personal que hiciera esta función. Es importante señalar que los entrevistados reconocen aceptar las condiciones que las diversas empresas disponen, debido a que las opciones de trabajo para este sector de la población son sumamente reducidas y casi el 100% de los casos realizan esta actividad por necesidad.
Es por estas mismas razones y debido a las constantes amenazas de despido y suspensión laboral -a pesar de ser “voluntario”-, que los adultos mayores optan por no hacer del conocimiento público las irregularidades e inconformidades, además del temor a las represalias que pudieran originarse por parte de las mismas empresas, como es el dejar de participar en los programas gubernamentales de apoyo a los adultos mayores para que trabajen como empacadores, lo que aseguran ya ha ocurrido anteriormente con una cadena comercial, por lo que los encuestados argumentaron falta de apoyo y vigilancia por parte de las autoridades correspondientes.
