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La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la mañana de ayer continuó la audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa del ex procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Víctor “N”, quien está imputado en la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de desempeño irregular de la función pública.
En un comunicado de prensa, la citada instancia señaló que después de las argumentaciones de los abogados defensores del ex funcionario de la pasada administración estatal y de los fiscales adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el juez de Control determinó que la solicitud de modificación de medidas cautelares fuera denegada, en virtud de que las condiciones del imputado no han cambiado con respecto a lo emitido en la audiencia realizada en septiembre del año pasado.
Asimismo, la FGE precisó que durante la audiencia en cuestión se consideró el estado de salud de Víctor “N”, para lo cual los fiscales adscritos al Ministerio Público determinaron proporcionar la atención médica que ha tenido el imputado desde su ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal, con lo que se garantiza su derecho a la salud, contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En este sentido, la dependencia puntualizó que será en etapas posteriores dentro del proceso penal que se le sigue al ex procurador fiscal de la Sefiplan, en las que se podrán ventilar tanto la cuantía de la cantidad por concepto de reparación del daño, como la sanción privativa de la libertad de que fue objeto por así considerarlo conducente en su momento el juez de Control.
Como se recordará, la captura de Víctor “N” se logró el pasado domingo 3 de septiembre, a través de un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado de Yucatán, siendo que los agentes de la Policía Ministerial lo detuvieron en la ciudad de Mérida, donde tras su valoración médica, fue entregado para su traslado a Quintana Roo.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado refrendó su compromiso de trabajar en beneficio de la sociedad quintanarroense, con total respeto a los derechos humanos y bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
