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El magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante, propuso utilizar códigos QR para la revisión, seguimiento y consulta a distancia de expedientes en los procesos de adolescentes.
“Los códigos QR –Quick Response, o respuesta rápida en español– se pueden ver en folletos, carteles y revistas, y cualquier usuario puede detectarlos fácilmente a través de cualquier herramienta tecnológica como los smartphones”, explicó.
Altamirano Escalante dijo que la intención de la propuesta es ofrecer una alternativa para que las partes involucradas en los procesos de adolescentes puedan accesar al expediente y así leer o ver el video de lo actuado desde su teléfono celular, móvil o computadora sin tener que acudir al lugar donde este se encuentre físicamente.
El magistrado consideró que los códigos QR cuentan con las medidas de seguridad que se requieren para dar certeza de los documentos que se consultarían y de quienes tendrán el derecho a acceder a los mismos, ya que permiten redirigir a páginas web protegidas con contraseña.
“Las partes que así lo decidan obtendrían el acceso a través de esta vía sin necesidad de la impresión y entrega física de documentos, reduciendo los gastos en insumos y, en virtud de las condiciones de salud por el COVID-19, la posibilidad de contagio entre ellas”, precisó.
Explicó que esta tecnología funciona al escanear un código utilizando el teléfono inteligente o equipo tecnológico para obtener un acceso inmediato a su contenido.
“El lector de código QR a continuación, puede realizar una acción, como abrir el navegador web para una URL específica, también pueden ser provocadas otras acciones, como el almacenamiento de una tarjeta de visita en la lista de contactos de su teléfono inteligente o conectarse a una red inalámbrica”, detalló.
El magistrado indicó que con propuestas como esta, que se suman a las audiencias virtuales realizadas por primera ocasión en la historia de Yucatán a mediados del mes de marzo, la sala unitaria en justicia penal para adolescentes cumple su compromiso de garantizar los derechos de los menores y acercar la justicia a los justiciables, reduciendo también las posibilidades de contagios y los gastos de operación.
“Es inadmisible que un adolescente permanezca estático ante la acción coactiva del Estado en un proceso de justicia penal especializada, más aun cuando se trata de asuntos relacionados con derechos de las niñas, niños y adolescentes, cuyo eje rector de protección es el interés superior contemplado en el artículo cuarto constitucional”, concluyó.
