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Mientras la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) minimiza el daño ecológico ocurrido en Manglar Tajamar, las Organizaciones de la Sociedad Civil exhiben el verdadero ecocidio ocurrido en los predios conocidos como Tajamar y que fueron brutalmente devastados por más de cuatro días a mediados de enero.
Se presume que la dependencia intenta deslegitimar los esfuerzos ciudadanos para mantener y defender el medio ambiente, además de justificar el daño provocado en tajamar argumentando cierta falsedad en las imagenes que circulan en las redes sociales sobre el ecocidio.
Al respecto, los ambientalistas han señalado que las imágenes son verdaderas, sin embargo la PROFEPA no pudo corroborarlas debido a que tardo diez días en presentarse a inspeccionar el área de desmonte.
Es lamentable el intento del Gobierno de minimizar la devastación del Manglar por creer que las ganancias económicas en la venta de los terrenos y en desarrollo de la obra superaría la aportación social y ambiental de Tajamar, coincidieron organizaciones como: AnimaNaturalis; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Centro para la Diversidad Biológica; COMARINO; Defenders of Wildlife; Faunalopolis; Greenpeace; Mariaelena Hoyo – Producciones Serengueti; PETA: Organi-k; Salvemos Manglar Tajamar; Teyeliz A.C.
Asimismo acusaron a las autoridades de actuar con lentitud ya que mientras se concretaba el daño a la flora y fauna de la zona ellos no actuaron para permitir que se ejecutaran permisos obtenidos de casi una década atrás.
Particularmente porque desde que los permisos fuero obtenidos el ecosistema de Tajamar creció y se desarrollo más, no se mantuvo congelado por diez años como las autoridades pretenden hacer creer.
Cabe recordar que en esta última década la legislación en materia ambiental, e incluso en particular sobre el Manglar cambió para darle mayor protección, con ello muchos ciudadanos cobraron conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas, pero las autoridades parecen no hacerlo, intentando minimizar su aportación y el daño que ocasionan a cuestas de obtener ganancias económicas, advierten los ambientalistas.
“El caso de Tajamar en Cancún es solo un ejemplo de una política sistemática de las autoridades –sin importar el partido político- para fomentar un modelo de turismo depredador a nivel nacional que no debe seguir avanzando, pero el mensaje que la Profepa está enviando a las inmobiliarias es que las normas pueden matizarse o eludirse sin castigo”, enfatizó Greenpeace.
Quienes exhortan a suspender definitivamente las obras programadas en el Malecón Tajamar, y que las autoridades pongan en marcha verdaderas políticas públicas en la materia para que ecocidios como este no vuelvan a tener lugar en las zonas que le quedan al país.
