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En la audiencia realizada este lunes en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales imputaron por el delito de feminicidio agravado a Miguel Ángel “N”., imputado como presunto responsable de dar muerte a Ena “N”. de 40 años de edad, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el interior de una casa muestra en el fraccionamiento Bicentenario de Umán, en donde era ejecutiva de bienes raíces.
De ser hallado culpable podría ser sentenciado hasta 60 años de prisión.
La autopsia realizada por el Servicio Médico Forense determinó que la causa de muerte la mujer fue asfixia mecánica por ahorcamiento.
En la audiencia de ayer, el acusado se reservó el derecho de declarar sobre los hechos que se le imputan y solicitó la ampliación del término para que se resuelva su situación jurídica.
La juez primero de control de Mérida, Suemy Lizama Sánchez, fijó para este 22 la celebración de la audiencia de vinculación y decretó la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.
Cabe destacar que este sujeto ya estaba preso, pues fue detenido en días posteriores al feminicidio por el delito de robo con violencia.
Tras su aprehensión el sujeto fue puesto a disposición y presentado en primera instancia ante el Juzgado Primero de Control con sede en Mérida, donde en audiencia fue imputado por el delito de robo con violencia, decretándose que permanecerá en prisión durante todo el proceso.
En la audiencia se presentaron los elementos de prueba contenidos en la causa penal 96/2021, en donde se refiere que el pasado 14 de abril, haciendo uso de la violencia física, despojó al ciudadano R. C. C., de varias de sus pertenencias y dinero en efectivo, tras amenazarlo con un cúter, cuando caminaba por calles de la colonia Emiliano Zapata Oriente de esta ciudad.
Tras decretarse la prisión preventiva por robo, el sujeto fue presentado ayer ante el Juez de Control por su probable participación como autor directo en el delito de feminicidio, luego de los hechos citados en el municipio de Umán.
Las labores de inteligencia y seguimiento incluyeron diligencias que requirieron control judicial para obtener los datos de prueba que se consideran necesarios para evidenciar la participación de la persona en el hecho que se señala, lo que permitió a la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y la Fiscalía General del Estado (FGE) la obtención de elementos científicos que lo ligan al caso, por lo que deberá afrontar por separado el proceso jurídico correspondiente.
