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“El dragado no puede continuar sin garantías ambientales ni consulta pública”, comentó elabogado Juan Medina Rejón
Mérida, Yucatán, a 23 de octubre de 2025.– El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito concedió la suspensión provisional y ordenó detener de manera inmediata el dragado y relleno de más de 80 hectáreas en el Puerto de Altura de Progreso.
Comunidades de Progreso, Chicxulub y Chelem, junto con defensores ambientales promovieron el juicio de amparo (1919/2025) ante la falta de consulta pública, la omisión de evaluación científica y los impactos acumulativos del dragado como destrucción del fondo marino, y erosión de la zona costera.
El dragado y la ampliación del Puerto de Altura de Progreso se comenzaron sin los permisos correspondientes y estudios de impacto ambiental como son: Estudios de MIA para el dragado, Estudios batimétricos y morfológicos que evidencian alteraciones del fondo marino, entre otros.
Los abogados Juan Andrés Medina Rejón y José Alfredo Uicab Panti, promoventes del amparo 1919/2025, solicitaron la suspensión del dragado y relleno de más de 80 hectáreas en el Puerto de Altura de Progreso.
El Tribunal Colegiado, después de revisar la documental, declaró fundado los actos reclamados y contendió la suspensión provisional y ordenó detener de manera la obra.
En el mismo sentido, la autoridad federal ordenó notificar a las partes demandadas, así como a la Administración del Sistema Portuario Nacional, Progreso, Sociedad Anónima de Capital Variable (Asipona, Progreso) a fin de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar concedida, y fijó el plazo de 24 horas para que acredite ante el juzgado federal haber dado cumplimiento a la medida suspensiva, en los términos concedidos hasta en tanto se dicte la resolución de suspensión definitiva.
Esta suspensión se da una semana después que Jorge Carlos Tobilla Rodríguez asumió la titularidad de la Asipona.
Sobre el tema, el abogado Juan Medina Rejón, representante legal del juicio, afirmó: “El dragado no puede continuar sin garantías ambientales ni consulta pública”.
Esta suspensión es un paso clave para proteger el mar, la pesca ribereña y los derechos de las comunidades costeras, añadió.
Se impugnó actos de autoridades federales, estatales y empresas privadas que ejecutan el proyecto sin transparencia ni medidas de mitigación.
