martes , 27 septiembre 2022
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Por el racismo, las personas indígenas no pueden acceder a la justicia

•Para eliminar el racismo estructural de manera conjunta e interinstitucional se tienen que involucrar organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, académicas y pueblos indígenas

Mérida, Yucatán, a 17 de agosto de 2022.– Las personas, comunidades y Pueblos Indígenas de Yucatán, Campeche y Oaxaca cuando buscan ejercer sus derechos en el acceso a la justicia se encuentran con obstáculos como el acceso a una defensa adecuada, la asistencia de intérpretes y traductores, la consideración de sus especificidades culturales, entre otros.

Al presentar el Plan de Incidencia Antirracista, el presidente del Consejo Directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET), Tomás López Sarabia, expuso que «para el acceso a la justicia: el racismo es un mecanismo que perpetúa las desigualdades a nivel estructural y sistemático».

Para hacer efectivo el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas, se planteó eliminar el racismo estructural de manera conjunta e interinstitucional en el que se involucren organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, académicas y pueblos indígenas.

A las instituciones de procuración, administración y defensa de la justicia social se le propone las siguientes acciones que forman parte de la Agenda Antirracista:

  • Rediseñar el aparto de justicia estatal descentralizado a las instituciones de defensa, procuración y administración de la justicia para que las comunidades indígenas más alejadas puedan tener un pronto acceso a la justicia sin barreras geográficas que lo impidan. Además, el acceso material a la justicia requiere de acciones específicas como las de otorgar recursos económicos a personas involucradas para gastos que implican el seguimiento de sus procesos ante el sistema de justicia estatal ya que las situaciones de desigualdad limitan la justiciabilidad de sus derechos.
  • Implementaer procesos de formación y actualización al personal de las instituciones de defensa, procuración y administración de justicia sobre sus derechos de los pueblos indígenas, pluralismo jurídico, enforque de niñas, niños y adolescentes desde una perspectiba antirracista e interseccional a través de los institutos de formación de poderes judiciales, fiscalías y defensorías, a partir de la modificación de los programas curriculares de las escuelas judiciales para considerar, entre otros el pluralismo jurídico y la diversidad lingüística como elementos claves para garantizar los derechos humanos de personas, pueblos y comunidades indígenas dirigidas a todo el personal (magistrados, jueces, secretarios, actuarios, directivos, defensores, etcétera).
  • Que las políticas públicas de atención a personas, pueblos y comunidades indígenas se conviertan en procesos institucionales partiendo de diagnósticos, presupuesto suficiente para su ejecución y un marco jurídico sólido, a fin de dejar de ser resultado de la voluntad política en turno de las y los tomadores de decisiones en la defensa, procuración y administración de justicia.
  • Las políticas públicas para ejercicio pleno de los derechos de los pieblos indígenas deben incluir la perspéctiva antirracista como un punti de partida para hacer patente que las desigualdades son históricas y estructurales para la población dinígena, y sí implementar herramientas que hagan frente a estas desigualdades al momento de impartir justicia y generar políticas públicas.
El Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, A.C. (CEPIADET) con auspicio de W.K. Kellogg Foundation presentaron el diagnóstico “Los efectos del racismo en el acceso a la justicia de las personas, pueblos y comunidades indígenas de Campeche, Oaxaca y Yucatán” (CRÉDITO: Visión Peninsular)
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