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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicado en Diario de Yucatán
Ya sea por las denuncias de organizaciones mayas y de derechos humanos, por llamados de la Iglesia o por alertas por parte de académicos, el agua se ha convertido en un tema de preocupación en Yucatán.
Desde 2017, la organización Ka’anan Ts’onot, o los guardianes de los cenotes, junto con el Equipo Indignación, han levantado la voz sobre el peligro de que una megagranja de cerdos en Homún contamine los cenotes de dicho municipio, que se encuentra en la muy vulnerable zona denominada Anillo de los Cenotes.
Siguiendo el ejemplo de los Guardianes de los Cenotes de Homún, recientemente se conformó el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in Ja’, el cual presentó hace unos días una denuncia popular contra la empresa porcina Kekén “por hechos, acciones y omisiones que han producido deforestación, desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, además de contravenir las disposiciones legales y ordenamientos que regulan la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico”, según informan en un comunicado conjunto publicado con Indignación el pasado 20 de marzo.
“Nosotros, como pueblo maya —continúa el comunicado—, nos preguntamos qué agua van a tomar nuestras familias, qué agua van a tomar nuestros hijos, pero también qué agua va a tomar el venado, qué agua van a tomar los pájaros. A los inversionistas no les importa. Pretenden extraer, sacar, enriquecerse y no les importa si en el proceso se generan daños y contaminación”.
Si bien generalmente se piensa que Yucatán es un paraíso en el que no existen problemas por violaciones de derechos humanos como homicidios o desapariciones forzadas, la violación del derecho al agua se trata sin duda alguna de un problema fundamental y que todavía no se ha visibilizado totalmente. Tal vez porque, en gran medida, sucede por debajo de nuestros pies, en el mundo subterráneo.
La principal fuente de abastecimiento de agua para la población de Yucatán son las aguas subterráneas, las cuales proveen más del noventa por ciento del agua para consumo humano.
Sin embargo, las aguas subterráneas de Yucatán son sumamente vulnerables. Esto se debe a varias razones. Nuestro Estado no cuenta con un sistema de drenaje sanitario adecuado y suficiente, el cual debe adaptarse a las condiciones particulares de nuestra geografía y geología, con un suelo kárstico altamente poroso y permeable por el que se filtran fácilmente los contaminantes al acuífero subterráneo.
Otro problema son las prácticas del fecalismo al aire libre y la construcción de miles de fosas sépticas en Mérida y otros municipios de Yucatán. La asociación civil Ciudadanos Hartos ha denunciado que existe un preocupante grado de fecalización del manto acuífero entre 8 y 10 metros de profundidad.
Asimismo, como han puesto de manifiesto Ka’anan Ts’onot y Chik’in Ja’, el problema de la contaminación del agua en Yucatán también responde al modelo de desarrollo económico que Yucatán ha seguido en los últimos años. El crecimiento acelerado y desordenado de la zona metropolitana de Mérida, la expansión de la agroindustria y del uso de plaguicidas altamente peligrosos, la construcción de la cervecera, de plantas porcícolas y otros “megaproyectos”, han provocado numerosas preocupaciones sobre el impacto de dichas actividades económicas en el agua, la deforestación y otros problemas ambientales.
Por estas razones, en octubre del año pasado la Arquidiócesis de Yucatán organizó el Primer Foro sobre el Cuidado del Agua en Yucatán. En un mensaje enviado desde Roma en dicho mes, el arzobispo Gustavo Vega señaló que “el tesoro natural más preciado de Yucatán es nuestra agua, ese vital líquido para nuestra subsistencia. Es de dominio público que la instalación de varias empresas ha provocado escasez o contaminación del agua”.
La Arquidiócesis de Yucatán ha continuado con la atención en el tema y el mes pasado organizó el Foro de Diálogo “El agua, don precioso de Dios”, en la que el Arzobispo afirmó que “hay una inconsciencia generalizada del grave problema del agua, sobre todo en el tema de la contaminación: decimos que en Yucatán hay mucha agua, pero el problema no es ese, sino la contaminación”.
Algunos académicos también han llamado la atención sobre el problema. Por ejemplo, el doctor Ángel Polanco, investigador de la Uady, ha realizado una serie de estudios en los que documenta altas concentraciones de plaguicidas organoclorados, considerados altamente peligrosos —tales como el heptacloro, lindano, endosulfán y DDT—, en municipios del Anillo de Cenotes de Yucatán. De acuerdo con el doctor Polanco, estas concentraciones se relacionan con la alta prevalencia de muertes en mujeres causadas por cáncer cérvico-uterino, cáncer de mama, malformaciones congénitas, mortalidad fetal e infantil, entre otros problemas.
En el artículo “Perspectivas de la contaminación del acuífero en Yucatán, México: plaguicidas y metales pesados”, Polanco y sus colegas concluyen que “los resultados indican altos niveles de bioacumulación de plaguicidas organoclorados en la sangre de mujeres mayas con cáncer por exposición crónica, revelando que los plaguicidas juegan un papel importante para el desarrollo de cáncer”.
A todo lo anterior hay que sumar que Yucatán se ubica en el último lugar a nivel nacional en saneamiento del agua, pues solo se trata el cinco por ciento. Aún más, Yucatán es el único Estado que no cuenta con su propia ley estatal en materia de agua y saneamiento, por lo que diversos especialistas han llamado a los legisladores a reparar esta falta.
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. En esta ocasión, las Naciones Unidas eligieron conmemorar el día con el lema “No dejar nadie atrás”. Estos días tienen como propósito visibilizar un determinado problema, sensibilizar y concientizar a la población sobre el mismo, con miras a que los gobiernos tomen cartas en el asunto.
En esta ocasión, las Naciones Unidas pusieron el acento en la inclusión de las personas que han sido marginadas o ignoradas en el cumplimiento de su derecho humano al agua.
Entre las actividades conmemorativas por este día, el pasado viernes se proyectó el documental “El gran acuífero maya”, producido por TV UNAM, y se celebró un panel sobre la importancia del acuífero en Yucatán, en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM (parte de estas palabras fueron expuestas en mi intervención en dicho panel).
De acuerdo con la Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, un importante documento de referencia sobre el tema, “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo y cocina y las necesidades de higiene personal y doméstica”.
Claramente, en Yucatán el derecho al agua se vulnera. Si bien no sufrimos la cantidad de homicidios y desapariciones que padecen otros estados de la República, nuestra agua se está contaminando y con ella se vulneran los derechos humanos a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, entre otros.
Afortunadamente, cada vez más personas, organizaciones e instituciones están alzando la voz para defender nuestro derecho al agua. Y aunque todas las personas podemos tomar medidas concretas para contribuir al tema —desde no tirar basura en las calles, no usar popotes y otros plásticos, arreglar fugas y cuidar el agua que usamos para bañarnos y lavar trastes—, es urgente que los gobiernos municipales y el estatal hagan del agua un tema central y prioritario.
Aunque no es un tema políticamente atractivo —apenas fue mencionado en las campañas electorales del año pasado—, me parece que la gran obra del actual gobierno de Yucatán debe ser un sistema de saneamiento de las aguas residuales, que ciertamente implicaría millonarios recursos, pero también es una obra que sentaría las bases para el desarrollo sustentable de Yucatán.
Urge también que contemos con una ley sobre el derecho al agua potable y saneamiento en Yucatán, elaborada desde una perspectiva de derechos humanos y con alta participación de la sociedad civil. Las aguas residuales, los plaguicidas y otras fuentes de contaminación deben ser debidamente reguladas por el Estado. Las empresas también deben comprometerse activamente con los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos” de la ONU y contribuir a la protección del derecho al agua.
De lo anterior depende nuestra subsistencia, la de otras especies, tanto presentes como futuras.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM
Publicado en Diario de Yucatán