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La Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) dio a conocer que Hernán Vega Burgos, candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, incumple la Ley 3 de 3 contra la violencia de género
Mérida, Yucatán, a 29 de mayo de 2025.– Nadie con antecedentes de violencia puede ser funcionario. Hernán Vega Burgos no debió ser candidato a magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (TSJEY). Poner como juzgador a quien ha violentado la ley, sería un insulto a la ciudadanía y a la sociedad yucateca, señalaron las integrantes de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY).
En rueda de prensa realizada esta mañana, María Eugenia Núñez Zapata, promovente de la Ley 3 de 3 contra la violencia de género, mencionó que el candidato no debió aparecer en la boleta por sus antecedentes de violencia y cumplan con los criterios de idóneidad.
De acuerdo con la averiguación previa número 583/19a/09 de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en 2009 Hernán Vega Burgos, entonces delegado del Instituto Nacional de Migración (INM), fue relacionado con la presunta trata de personas y explotación sexual se involucró.
Durante las investigaciones, Vega Burgos fue citado a comparecer y en un careo, una de las víctimas que lo identificó como su agresor, pasó de ser testigo a indiciado.
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) trasladó a Vega Burgos a la ciudad de México para declarar en calidad de testigo sobre su supuesta participación en la red de trata de personas.
El entonces subprocurador de Justicia, Rafael Acosta Solís, consideró que había elementos para considerar que Vega Burgos y su chófer pudieron tener conocimiento de la red de prostitución dirigida por González Corrales.
Otra precisión mencionada: En febrero de este año, el gobierno de Estados Unidos le negó la visa a Vega Burgos, quien se desempeñaba como subsecretario de Prevención y Reinserción Social de Yucatán, debido a sus presuntos vínculos a una red de explotación sexual en el Estado. La decisión se basó en las acusaciones de 2009 y la averiguación previa antes mencionada.
La activista externó su preocupación porque el Congreso del Estado y el Poder Estatal no aplicaron los suficientes filtros para depurar a quienes han sido denunciados públicamente. «En Yucatán, la Ley 3 de 3 se aplica desde la denuncia y no desde la sentencia», recordó.
El caso de Vega Burgos es similar al de Luis Armando Mendoza Casanova, quien fue denunciado por violencias intrafamiliar y ejercer violencia institucional al liberar al violador de una menor.
María Eugenia Núñez reconoció que no detectaron a tiempo el caso Vega Burgos, quien no cumple la 3 de 3 contra la violencia de género como si lo hicieron con Mendoza Casanova, quien fue excluido de la boleta por el Congreso del Estado en decisión unánime.
Es por ello que se interpuso un recurso ante el Congreso del Estado, la Junta Local del INE e Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac).
María Eugenia Núñez pidió a la sociedad yucateca, especialmente a las mujeres, a excluir a Vega Burgos. «Tenemos información de un ejército de personas distribuyendo acordeones en el que está Vega Burgos. No es una campaña en contra de él, sino a favor de tener magistrados con ética, sin antecedentes cuestionables», precisó.
También exhortó al gobernador Joaquín Díaz Mena que cuide los perfiles de quienes integran su gabinete, porque hay dos funcionarios que no cumplen la 3 de 3.
Advirtieron que en caso de que Vega Burgos llegase a ganar, impugnarán ante las autoridades y el Congreso de la Unión esa decisión porque incumple el mandato constitucional.
