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El Poder Judicial del Estado propuso un presupuesto de 787 millones 977 mil pesos para ejercer en 2017 y que sería distribuido entre el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.
El organismo informó que con este planteamiento económico, el cual fue enviado a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, se ejecutarán proyectos especiales relativos a necesidades que han quedado pendientes años atrás y que son para el trabajo jurisdiccional.
Expuso que el Tribunal Superior de Justicia del Estado planteó un presupuesto de 172 millones 811 mil 219 pesos; el Consejo de la Judicatura 567 millones 528 mil 254 pesos; el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa 31 millones 420 mil 420 pesos; y el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios 16 millones 218 mil 81 pesos. En total el presupuesto del Poder Judicial para ejercer en 2017 es de 787 millones 977 mil 974 pesos.
También se dio a conocer que otros esquemas a financiar son considerados urgentes como la renovación de los vehículos de los actuarios, para que estos no se trasladen en autos de litigantes y evitar todo posible acto de corrupción, ya que los vehículos actuales han cumplido su vida útil.
Atender el rezago tecnológico que se considera como urgencia, ya que hay computadoras y software que ya tienen más de 15 años y están obsoletos.
El Poder Judicial dio a conocer que también se considera el tema de las reformas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTEY), con las cuales ahora todas las instituciones públicas, entre ellas el Poder Judicial, tienen un pasivo, debido a que se aumentó la carga que deben pagar al quitar el tope que se tenía en las aportaciones.
El Poder Judicial informó que para 2017 se proyecta nombrar jueces en materia laboral, derivado de la reforma de “Justicia cotidiana” que ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y por la cual todos los asuntos que antes atendían las juntas de conciliación y arbitraje pasarán a los poderes judiciales locales y también bajo el esquema de audiencias orales.
