..:: Visión Peninsular ::.. Visión Peninsular, publica solo la verdad de lo que pasa en nuestro Estado, Quintana Roo y Campeche.
El senador Jorge Luis Lavalle Maury demandó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, a integrar y administrar el Sistema Nacional de Información, Registros Nacionales y Bases de Datos de niñas, niños y adolescentes, con el propósito de reforzar las acciones a favor de este sector de la población.
Mediante un punto de acuerdo, el senador por Campeche señaló que esta información es necesaria para la planeación, organización, dirección y control de todas las acciones en beneficio de la atención, la defensa y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Recordó que hace dos años se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la que se establece la creación del sistema de información en esta materia.
Es urgente contar con el Sistema Nacional de Información, para conocer la cifra exacta de menores de edad en centros de asistencia social o que viven en condiciones de vulnerabilidad, insistió.
“Este Sistema también nos permitirá saber cómo se está beneficiando de los programas y políticas públicas en los tres niveles de gobierno cada niño del país”, consideró.
Subrayó que, de acuerdo con estimaciones de asociaciones civiles, se calcula que en nuestro país hay más de 29 mil 310 niños y adolescentes viviendo en 703 instituciones.
Esa cifra es muy superior a la que señaló el INEGI en el último Censo de Población y Vivienda 2010, que registró un total de 19 mil 174 menores de edad habitando en casas hogar, agregó el legislador.
“Las estadísticas publicadas en 2013 por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia indican que 27 mil 757 niñas, niños y adolescentes viven en centros públicos y privados, de los cuales 6 mil 341 se encuentran
en albergues por una situación de abandono; 4 mil 841, por haber sufrido maltrato; 199, por orfandad; 99, por crimen organizado; 244 son expósitos, y 16 mil 33, por otros motivos, como ingreso voluntario, por disposición
del Ministerio Público o por tráfico de menores”, detalló.
La propuesta se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para su análisis y dictaminación.
