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(ACOM).- Regidores del ayuntamiento de Tekax afirmaron que promoverán juicio político contra el alcalde, Jesús Couoh Tzec, a quien acusan de cometer varios atropellos, entre estos, permitir la agresión de policías contra detenidos.
Bayardo Ojeda Marrufo, concejal de la Comuna, señaló que el edil ha cambiado dos veces al director de la policía municipal, además de que afirmó que esta administración, son constantes las violaciones a derechos humanos.
Sostuvo que la golpiza a un detenido por agentes de la policía municipal el pasado fin de semana, “es clara muestra del desorden administrativo que vive el municipio”.
“No es la primera vez que detenidos son golpeados por uniformados, se han dado casos desde meses atrás, todo ello es responsabilidad del alcalde”, apuntó.
Agregó que en el transcurso de la otra semana, solicitará al congreso del estado, una investigación y juicio político contra el alcalde Couoh Tzec, por los atropellos cometidos.
Sobre las acusaciones de tortura en este municipio, ayer la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) aclaró que el ayuntamiento de Tekax ya era investigado por un caso similar cuando se dio a conocer el vídeo en el que agentes municipales golpeaban a una persona, a quien le obligaban a delatar un presunto robo de ganado y por el que abrió una carpeta de investigación.
De hecho, los cinco agentes involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales y mediante un juicio de control se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se resuelve su situación jurídica, la cual pugnan en el Centro de Reinserción Social de Tekax.
Sobre la presunta participación de un agente de la policía yucateca en este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que ningún elemento pertenece a dicha corporación y que solamente uno de los involucrados portaba una playera con el nombre de la Secretaría de Seguridad Pública al momento de que se grabó dicho vídeo.
La dependencia externó que investiga entre 30 y 40 denuncias por tortura en el estado, delito por el que se establecen penas que van de los tres a los 12 años de prisión.
