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•El diputado morenista Rafael Echazárreta Torres presentó una modificación con el propósito de garantizar la presunción de inocencia y no caer en alguna inconstitucionalidad
Mérida, Yucatán, a 12 de mayo de 2022.– Después de seis meses que en el Pleno del Congreso del Estado se presentaron las iniciativas correspondientes a la ley 3 de 3 contra la violencia de género para erradicar a los violentadores de la función pública, los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación analizaron las propuestas.
Se aprobó que la elaboración del proyecto de dictamen, que tendrá en un mismo documento, la modificación de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la adición de fracciones a la Ley de Partidos Políticos del Estado y la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política Local, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Todo lo anterior con el propósito que las personas con antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios no sean candidatos a puestos de elección popular o tengan puesto de confianza en alguna dependencia gubernamental.
Sin embargo, el diputado morenista Rafael Echazárreta Torres presentó una propuesta de modificación para claridad en la norma y respeto a la presunción de inocencia de los derechos humanos.
Es decir, los involucrados tienen que ser juzgados culpables con una sentencia firme para que tengan los impedimentos que la ley marca. «No podemos obviar la presunción de inocencia que garantiza la Carta Magna», precisó.
La diputada emecista Vida Gómez Herrera, promovente de una de las iniciativas, recordó que uno de los grandes malestares de México es la tardanza en la procuración de justicia por lo que alguien puede llegar a ser diputado local o diputado federal sin recibir sentencia. «Tenemos el caso de Guerrero (por Félix Salgado Macedonio, acusado de violencia sexual que fue postulado por Morena a la candidatura a gobernador)».
En su intervención, el diputado priista Gaspar Quintal Parra mencionó que urge legislar en materia de igualdad sustantiva en Yucatán, pero se tiene que garantizar la claridad y la celeridad en el proceso.
«De nada sirve legislar un decreto que pueda ser declarado inconstitucionalmente», señaló el coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRI, quien coincidió en que se haga un análisis a profundidad y exhaustivo de todas aquellas acciones de inconstitucionalidad en cuanto a la presunción de inocencia y la discriminación.
Por su parte, la diputada panista Carmen González Martín, presidenta de la Comisión, pidió que la petición sea turnada al Secretario Técnico para que el Instituto de Estudios Jurídicos del Congreso del Estado realice un análisis exhaustivo para elaborar un anteproyecto de dictamen.
También agradeció a sus compañeros legisladores por la disposición y el compromiso para trabajar en los temas de perspectiva de género, siempre aportando para que se presente a la sociedad un buen producto legislativo.
