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Al señalar que las reglas de operación del Programa de Vivienda Rural registran irregularidades que vulneran su correcta aplicación en perjuicio de los beneficiarios, el senador del PAN, Daniel Ávila Ruiz solicitó la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Rosario Robles y del titular del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO), Ángel Ramón Islava Tamayo.
A través de un Punto de Acuerdo presentado ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al que se sumaron las senadoras Mariana Gómez del Campo y Marcela Torres Peimbert, explicó que diversas denuncias ciudadanas recibidas en sus Oficinas de Enlace, evidencian que dichas irregularidades afectan a los beneficiarios del programa, pues el acceso a información de las personas candidatas a recibir este apoyo social ha sido vulnerado.
“Lamentablemente, se tiene conocimiento que personas que no son servidores públicos tienen clave de acceso al sistema, con la que pueden ingresar datos al mismo, violando con ello la integridad y veracidad del programa; situación que debe ser aclarada”, expuso Ávila Ruiz en el Punto de Acuerdo.
La información de candidatos a recibir el apoyo de una Unidad Básica de Vivienda (UBV) o de ampliación y mejoramiento de su vivienda, se concentra mediante el Cuestionario Único de Información Socioeconómica”, conocido como “CUIS” por sus siglas y el denominado “Expediente Técnico”, a los cuales sólo pueden acceder autoridades de la SEDATU y del FONAHPO; sin embargo, personas ajenas al servicio público han podido manipular dicha información.
Estas irregularidades se registran en distintas entidades del país, sobre todo en Chiapas, Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Yucatán; pero además, las denuncias ciudadanas señalan que las reglas de operación presentan graves problemas para cumplir a cabalidad con el programa.
“Por un lado indican que los solicitantes tienen derecho a recibir de la instancia Ejecutora (Delegaciones de SEDATU) una respuesta a su solicitud a más tardar en 20 días naturales posteriores a su presentación, sin embargo por otro lado señalan que en caso de no recibir respuesta dentro de ese plazo se entenderá que no fue aceptada.
“Este supuesto ha generado problemas muy graves, tenemos conocimiento, por ejemplo, de solicitudes de personas en extrema pobreza que no han sido atendidas en dos y tres años; ejemplos en los que no cabe la respuesta de que no fueron aceptadas”, abundó Ávila Ruiz en el Punto de Acuerdo.
El instrumento legislativo fue turnado a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen; que de resultar procedente, los titulares de SEDATU y FONAHPO, deberán comparecer ante esta instancia.
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