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Estela Casados González*
Fuente: El Sol de México
3 de noviembre de 2026.- Entre enero de 2014 y septiembre de 2026, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres ha documentado mil 267 feminicidios en el estado de Veracruz. Estas cifras se enmarcan en los diez años de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres de Veracruz por el delito de feminicidio.
Fue el 23 de noviembre de 2016 cuando el gobierno federal puso en marcha este mecanismo para once municipios de la entidad, así como «en los municipios con población predominantemente indígena, para que se atienda la violencia contra las mujeres indígenas…».
Sin delimitar a qué municipios indígenas se hacía referencia ni cuáles eran los pueblos originarios considerados para este mecanismo federal, ésa fue la única mención que se hizo al respecto. Una década después, es urgente hacer un balance realista y, sobre todo, ético acerca del impacto que ha tenido esta Alerta.
Hacer un balance no es sinónimo de hacer un conteo de víctimas y congratularse porque en 2026 suman menos las muertas. La suma y resta, así como la obtención de tasas y porcentajes, pueden convertirse en un ejercicio cínico que inhiba el análisis con perspectiva de género, interseccional y de derechos humanos. Cifras van y vienen, pero lo cierto es que en estos años no se ha formulado un plan de trabajo experto y estratégico para aplicar la Alerta. Tan solo se ha puesto en marcha un puñado de actividades de manera improvisada y a contentillo, aplicadas parcialmente en los municipios con mayor población y cercanía a infraestructura, que permite solicitar ayuda con cierta rapidez. En esencia, esa es la estrategia implementada por los diferentes partidos políticos que han ocupado la gubernatura veracruzana de 2016 a la fecha.
La Declaratoria de Alerta por feminicidio fue emitida a través de un documento que establece para Veracruz medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación. Éstas se exponen de manera enunciativa y están pensadas desde un contexto que no es el de nuestra entidad. No considera en su diversidad, por ejemplo, los entornos económicos, culturales y violentos que viven las mujeres que forman parte de los once pueblos originarios que habitan el territorio veracruzano. Tampoco se hace referencia a la salud mental como una variable mortal para las veracruzanas víctimas de feminicidio. No prevé de manera integral la desaparición, las situaciones que la originan ni los elementos clave que determinan que las veracruzanas sean localizadas sin vida, sumando así los terribles hallazgos al delito de feminicidio.
No hay evaluación del desempeño de la burocracia que atiende a las víctimas de violencia. Paradójicamente, el personal de las instancias gubernamentales también es violentado y sobreexplotado desde las jefaturas de sus departamentos e instituciones. Así es como se fomenta la violencia de género en y desde el ámbito institucional.
Si bien se han creado leyes, se han tipificado delitos e inaugurado institutos y centros para atender a las veracruzanas víctimas de violencia, éstas son vistas únicamente como usuarias, no como ciudadanas con derechos. Regularmente son revictimizadas por una burocracia que cree que cumplir con su trabajo consiste en escucharlas, registrar todo en un expediente y mandarlas de regreso al entorno violento.
En tanto, las generaciones más jóvenes están lejos de saber que la violencia no es normal. Por ejemplo, la Secretaría de Educación de Veracruz, ocupada en lo que seguramente considera temas prioritarios, no contribuye a la formación en derechos humanos del alumnado de educación básica. Delega la responsabilidad en un profesorado sobrecargado de actividades laborales y con deficiente formación sobre el tema. Esperemos que jamás haya percances de suma violencia en las aulas de nuestro estado.
Son diez años de una Alerta sin estrategia, con “personajas” oportunistas que sólo hablan del tema cuando les es propicio, ya sea para el juego de la vanidad o el golpeteo. Una década en la que la autoridad ha demostrado un profundo desinterés. Tal vez por eso Veracruz ocupa el primer lugar nacional en delitos de violencia de género, de acuerdo con el informe oficial reciente.
*Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. Universidad Veracruzana