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El Ombudsman, José Enrique Goff Ailloud, señaló que las reformas al Código de Familia del Estado de Yucatán, aprobadas ayer por el Congreso del Estado en materia de juicio de interdicción, fortalecen la autonomía e independencia de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y mental, ya que con este nuevo marco normativo, Yucatán se pone a la vanguardia en el tema, brindando respeto a las voluntades y decisiones de las personas con discapacidad intelectual, psicosocial y mental, al pasar sujetos de derecho y dejar de ser visto como objetos.
“Es una lucha que las personas con discapacidad y las organizaciones civiles que trabajan el tema han tenido por muchos años, nosotros nos congratulamos y sumamos a estas reformas que hoy son una realidad”, indicó.
Esta propuesta legislativa llegó al Congreso del Estado el pasado mes de febrero por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán en el Informe Anual de Actividades, además es el resultado del foro de Análisis sobre reformas en materia de oralidad familiar en Yucatán que se realizó en coordinación con el Colegio de Abogados de Yucatán y diversas universidades de la entidad.
El Presidente de la CODHEY reconoció la disposición de los 25 diputados y diputadas de la LXI Legislatura, ya que con estas reformas se busca eliminar el modelo médico-asistencialista que se tiene de las personas con discapacidad para reconocerlos como sujetos de derecho al brindarles mayor autonomía y al establecer la interdicción como una tarea multidisciplinaria, la obligación de los jueces de escuchar a la persona con discapacidad, así como eliminando los términos peyorativos como “incapaces”.
Para elaborar un dictamen, ahora el juez deberá tomar en cuenta la opinión de médicos especialistas así como expertos en educación especial, psicólogos y terapeutas así como a la propia persona que está siendo evaluada a fin de tener una visión multidisciplinaria.
El Ombudsman reconoció también la reforma al Artículo 221 del Código Penal del Estado de Yucatán, aprobada ayer, al ampliar la protección del estado para perseguir de oficio el incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar de los adultos mayores y evitar con ello que sean abandonados por sus propios familiares.
Goff Ailloud lamentó que desafortunadamente se siguen registrando casos de abandono, despojo de bienes y violencia hacia los adultos mayores por sus propios familiares y hasta antes de esta reforma, afectados eran los únicos que podrían presentar una querella ante la autoridad y casi nunca lo hacían pues se trataba de sus propios hijos.
Con la reforma, vecinos, amigos y cualquier persona que sea testigo o tenga conocimiento de algún caso de abandono hacia un adulto mayor podrá denunciar el hecho a fin de salvaguardar sus derechos humanos.
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