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La Juez Primera de Control del Primer Distrito Judicial, Diana Yadira Garrido Colonia, vinculó a proceso a la pareja acusada de feminicidio agravado, violencia familiar y privación ilegal de la libertad, con motivo de los hechos registrados en el fraccionamiento de Ciudad Caucel, en Mérida, donde perdió la vida una niña de 6 años, por lo que permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Después de una audiencia inicial llevada a cabo en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la autoridad judicial ponderó los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado, de los cuales se advirtió la probable coautoría de ambos imputados en la comisión de los hechos, cuya consecuencia fue la privación de la vida de una niña, por lo que se procedió al dictado de un auto de vinculación a proceso en contra de las personas imputadas.
Según los datos de prueba presentados por la Fiscalía, la mujer imputada, presuntamente fue quien agredió a la niña, mientras que el padre de la víctima incurrió en una omisión al no permitir que recibiera atención médica, así como impedir que una enfermera que atendía a la menor diera aviso de lo sucedido a las autoridades correspondientes.
Por lo tanto, se dictaminó que la pareja permanecerá bajo proceso judicial por la probable comisión de tales eventos que se les imputan, bajo la medida de prisión preventiva.
Cabe mencionar que el padre tenía la custodia de la niña por acuerdo con la madre, ya que ambos promovieron en 2021 diligencias para que se apruebe un convenio sobre la guardia y custodia, régimen de convivencia y alimentos a favor de la menor.
El caso se ventiló en el Juzgado Sexto de Oralidad Familiar, cuya titular es Rita Elvira Ortiz Noh.
En julio de 2023, la madre promovió un juicio ordinario para modificar la guardia y custodia, pero la abogada Ortiz, que había intervenido en el caso anterior se deslindó exponiendo los fundamentos legales que le impedían intervenir —los establece el artículo 55 del Código de Procedimientos Familiares del Estado— y envió el expediente a la oficialía de partes de los juzgados.
El caso fue entonces asignado, desde el año pasado, al Juzgado 2o. de Oralidad Familiar, turno vespertino, a cargo de Ana Elena Alpizar Achurra, quedando la juez Ortiz Noh fuera del caso.
Al deslindarse del caso la juez Rita Elvira Ortiz Noh del caso, cabe preguntarse… ¿por qué la juez Ana Elena Alpizar Achurra no atendió las peticiones de la madre de la víctima cuando ésta solicitó poner atención al caso si sabía la preocupación de la madre por el bienestar de la pequeña?
Después de firmado el convenio en el cual se asignó la custodia al padre, el derecho a la convivencia con la menor y el pago de pensión alimenticia por parte de la madre, nunca le permitieron ver ni convivir con la pequeña.
También es cuestionable la falta de acciones por parte del DIF y la Prodennay, instancias dedicadas –supuestamente- a la protección del bien superior del menor.
¿Cuántos cómplices hay que deben acompañar en la cárcel a los autores materiales de este infanticidio?
Son varios…y bien podría comenzar con la destitución de las jueces que ignoraron las llamadas de auxilio de la madre para proteger a su hija y que por su omisión, lamentablemente, derivó en este indignante feminicidio infantil, que al parecer, fue largamente anunciado.
