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Medidas contra “mafia”
A fin de frenar la apropiación ilegal de predios con documentos falsos, que realiza la llamada mafia inmobiliaria en Yucatán, el Partido Acción Nacional (PAN) presentó en el Congreso en días pasados una iniciativa para reformar la Ley del Notariado y varios ordenamientos que buscan, entre otras cosas, invalidar el registro de las compraventas de bienes raíces que se realicen con documentos apócrifos.
Se propone establecer “responsabilidades penales a los notarios que participen en cadenas de fraudes” y a los que cometan los mismos errores reiteradamente, en especial la aceptación de identificaciones falsas de supuestos vendedores.
En la explicación de motivos de esa iniciativa se indica que corroborar la identidad de las personas que acuden ante una notaría para realizar una operación de compraventa es la clave para frenar la apropiación ilegal de predios.
Por ello, se indicó, es necesario modernizar nuestro sistema de control de la propiedad, así como las leyes que la defienden “y esto sólo pueda hacerse a través de reformas a las leyes en la materia”.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley de Notariado del Estado de Yucatán y la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial la elaboró un grupo de abogados junto con el investigador de la Uady Luis Ramírez Carrillo, quienes inicialmente planeaban presentarla como iniciativa ciudadana.
Como el procedimiento para dar entrada a una iniciativa de este tipo es tardado, el PAN hizo suya esa iniciativa y la presentó en el Congreso el 14 de junio por medio de su diputada Beatriz Zavala Peniche.
Señalamientos
Esta iniciativa plantea que en forma obligatoria el notario exija al menos dos documentos de identidad, aparte del comprobante domiciliario, en una operación de compraventa de predios.
Además, en el caso de la credencial del INE, se propone que sea obligatorio por ley consultar al propio Instituto Nacional Electoral para corroborar si la credencial es auténtica.
Si bien el banco de datos del INE es reservado, dicen los autores de la iniciativa, “existe actualmente el servicio de comprobación de autenticidad a autoridades competentes con las que se hacen convenios. Este sistema se está implementando en Jalisco y se puede hacer y debe ser obligatorio también en Yucatán”.
Del mismo modo, añade el documento, es necesario que se invaliden las operaciones de compraventa que no cumplan con el aviso preventivo y el aviso definitivo del notario al Registro Público de la Propiedad, y que no se pueda adjudicar y concluir un cambio de propietario antes de transcurridos tres meses entre el aviso preventivo y el último aviso, para dar oportunidad a que un posible fraude sea percibido.
También se propone el establecimiento de una “Alerta Registral”; es decir, que se invite a todos los propietarios de predios a que inscriban un teléfono o un correo electrónico en el Registro Público para que las computadoras de esta dependencia avisen cuando se realice una operación con un predio del registrado.
Junto con esto se sugiere que el Registro Público abra un “Tablero Electrónico” en el que se asienten los primeros y segundos avisos, y el aviso definitivo de venta de todas las operaciones de compraventa conforme se realicen, de tal manera que se tenga acceso a ellas en tiempo real. “Esto evitaría la finalización de muchos fraudes iniciados desde los protocolos notariales”.
Un aspecto importante de esta iniciativa es la idea de reformar la Ley del Notariado para no permitir la existencia de notarios suplentes por más de un año. Actualmente esas suplencias se pueden renovar año con año de manera indefinida, lo que favorece la corrupción.
Los notarios suplentes, dice el documento, “tratan de hacerse del mayor dinero posible en poco tiempo al considerar que pueden perder la notaría en algún momento, además de que deben reunir el dinero adicional para pagar una alta renta mensual al dueño de la notaría”.
La iniciativa de reforma propone también la invalidación administrativa de un asiento registral cuando se haga la acusación y se presenten estos dos causales: por suplantación de identidad y por presentación de documentos falsos en cualquier etapa del proceso.
Esto debería ser causa suficiente para invalidar todo el proceso desde el primer asiento registral; es decir, no esperar a que termine todo el proceso judicial.— HERNÁN CASARES CÁMARA
Fuente: Diario de Yucatán
