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Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
Publicado en Diario de Yucatán
El sábado 6 de octubre la organización defensora de derechos humanos Equipo Indignación dio a conocer en sus redes sociales y a medios de comunicación una serie de “Notificaciones urgentes para todos los gobiernos”, bajo la consigna “Ki’ u’uy a u’uye’ex!” (“¡Oíganlo muy bien!”).
El pronunciamiento cuenta, hasta el momento de escribir estas líneas, con 1,270 firmas de integrantes del pueblo maya en 109 comunidades de Yucatán, así como 1,005 firmas de aliados —entre ellas las de Elena Poniatowska, Juan Villoro y Boaventura de Sousa Santos— y 102 firmas “web”.
¿Qué es lo que mayas y aliados notifican a los gobiernos? Retomo sus palabras: “Hace 13 años venimos a notificarles que No en Nuestro Nombre hagan leyes para que les obedezcamos. Regresamos a nuestros pueblos y estos trece años que ya pasaron los vivimos para conversar y pensar muy bien y acordar lo que hoy venimos a exigirles, porque parece que todavía no oyen ni entienden nuestra Palabra. Trece años son bastantes, está claro lo que queremos. Los reclamos son los mismos, porque trece años después seguimos sin que el Estado nos respete. Pero este pueblo ya no es el mismo. Ahora somos los vientos de todos los rumbos. Queremos que lo oigan muy bien. Los mayas con Indignación llevan esta voz”.
Regresemos 13 años atrás, al año 2005. Tanto en el gobierno del Estado de Yucatán como en el de la República había gobernantes del PAN. Desde que estaba en campaña Vicente Fox dijo que resolvería el conflicto de Chiapas en “15 minutos” y que lo que quieren los indígenas es tener un vochito, una tele y un changarro…
Lo que en ese entonces las y los zapatistas y sus aliados indígenas y no indígenas reclamaban eran cosas muy diferentes. Exigían, ante todo, autonomía, pero también solución al grave problema agrario nacional, una política de verdadera sustentabilidad, poner fin a la triple opresión que padecen las mujeres indígenas (mujeres, indígenas y pobres), acceso pleno a la justicia. Demandaban también una “Nueva relación de los pueblos indígenas y el Estado”, guiada bajo los principios de pluralismo y respeto a las diferencias, sustentabilidad, integralidad, participación y libre determinación.
Esas reivindicaciones y principios, contenidas en los “Acuerdos del Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre Derechos y Cultura Indígenas”, mejor conocidos como “Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, por el lugar en donde fueron firmados, debían ser el espíritu para una nueva ley en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, como es bien sabido, la reforma constitucional en la materia promovida por Fox y aprobada en agosto de 2001 traicionó el espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Si bien en el Artículo 2 Constitucional se reconoce “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación”, también se dispone que “El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas”, lo que para algunas organizaciones y especialistas representó una fragmentación de la lucha indígena nacional, pues el derecho a libre determinación debía discutirse ahora en cada estado.
Así, en cada estado debía legislarse sobre derechos de los pueblos indígenas. Como han documentado María del Carmen Ventura y Jorge Uzera, “En buena medida las modificaciones [en materia de derechos indígenas] han obedecido a coyunturas político-electorales específicas y a los intereses de las élites económicas” (“Derechos indígenas en disputa. Legislaciones estatales y tensiones locales en México”).
Sorprendentemente, en Yucatán, a pesar de ser el segundo estado con mayor población indígena en México, el congreso local tardó más de seis años después de la reforma constitucional de 2001 en modificar la constitución estatal. ¿A qué se debió este desacato de seis años?
Según algunos diputados con los que pude hablar en esos años, la tardanza se debió a que el interés de legislar no provenía de las comunidades mayas que, según ellos, no estaban preocupadas por sus derechos, sino que era una obligación que “llegó desde fuera” (de la reforma de 2001).
Asimismo, de acuerdo con el primer presidente de la Comisión Especial de Asuntos Étnicos del Congreso, creada en 2004, fue el PRI el que más presionó para la formación de dicha comisión con el fin de recuperar votos en el medio rural tras la pérdida de la gubernatura en 2000.
Acaso existan diversas respuestas a la pregunta, pero intuyo que lo fundamental es que las autoridades no concebían, y tampoco conciben en la actualidad, un Yucatán verdaderamente plural; que son ciegas frente al racismo y la discriminación —en Mérida se pueden levantar en fechas recientes estatuas a los colonizadores y abrir un restaurante que evoque a la oligarquía hacendada—. Las autoridades no conciben que los mayas puedan ser algo más que personal de servicio, mano de obra para la industria de la construcción u objeto folclórico y domesticado para el turismo.
Y es que, por lo menos desde la década de los 90, algunas organizaciones mayas y académicos propusieron el reconocimiento de los derechos indígenas en la constitución y leyes yucatecas. En 1989, la “Declaración de Valladolid” elaborada por la Organización de Profesionistas Mayas demandaba elevar a rango constitucional el reconocimiento de las comunidades mayas del estado; en 1991 la organización Maya’on publicó las “Bases para la Oficialización del Mayathaan” y desde entonces ha exigido insistentemente la oficialización de la lengua maya, así como de la educación intercultural y bilingüe en el estado.
Desde la academia, especialistas como Ella Fanny Quintal, Esteban Krotz, Pablo Monroy y Fidencio Briceño han denunciado el racismo contra los mayas y exigido el reconocimiento de la composición pluricultural de la población yucateca, del pueblo maya como sujeto de derecho público, de sus propios sistemas normativos y hacer de la lengua maya una lengua oficial en el estado.
Regresando a 2005, fue este año que el Indemaya, el Congreso del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) organizaron la “Consulta sobre las iniciativas de Reforma Constitucional y la Ley de Derechos y Cultura Maya del Estado de Yucatán”. De acuerdo con funcionarios de la CDI de aquella época, la iniciativa que el Indemaya había presentado no incluía temas fundamentales tratados en los Acuerdos de San Andrés, como los derechos a la autonomía y a las tierras.
Así, al igual que la reforma constitucional de 2001, el proceso legislativo yucateco en 2005 no estaba retomando el espíritu de los Acuerdos de San Andrés. Por eso Equipo Indignación, que en un inicio había participado en el proceso, se retiró y notificó a los gobiernos que no hicieran leyes en nombre de los mayas.
Finalmente, el 11 de abril de 2007 se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el “Decreto que reforma y adiciona la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de Derechos y Cultura de la Etnia Maya”. Nótese que el Decreto emplea la palabra “etnia”, no “pueblo”, como lo hacen el derecho internacional y la constitución federal. Asimismo, académicos como la historiadora Ana Luisa Izquierdo y los abogados Geofredi Angulo y Pablo Monroy formularon diversos cuestionamientos a la reforma: que no establece derechos plenos, sino solo declaraciones de buenas intenciones; no crea ninguna instancia específica de protección de los derechos; se dispone la creación de un organismo que sería contrario al espíritu de libre determinación y autonomía, y se omite lo relativo a conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de las tierras.
Sin embargo, a pesar de todas sus limitaciones y deficiencias, la reforma constitucional de 2007 reconoció, en el Artículo 7 bis, “el derecho a la libre determinación del pueblo maya”, y a los “integrantes del pueblo maya… como sujetos de derecho público”.
Si hace 13 años algunas autoridades podían pensar que las comunidades mayas no estaban interesadas en defender sus derechos, hoy 1,270 mayas de 109 comunidades notifican que “en Homún no queremos que pongan una granja de cochinos junto a los cenotes; en Kimbilá no queremos que hagan lo que se les antoje como el mercado sobre el campo de fútbol, lo queremos en otro lado; en Kanxok ya resolvimos unir los ejidos que dividieron; en Copó no queremos un muro como el de la hacienda en medio del pueblo para que vivan adentro los que no son del pueblo; en Chablekal y en Chocholá no queremos que el ejido tome las decisiones sobre los montes y el aire, el sol y el agua porque es de toda la gente. No les vamos a entregar nuestras mejores semillas y nos defenderemos cada vez que quieran rociar de veneno la tierra. Les notificamos que no estamos contra los eólicos, queremos que haya un eólico en cada pueblo, pero que sea para que tengamos corriente limpia los que vivimos en el pueblo. No vamos a esperar que ustedes hagan sus consultas, nosotros sabemos tomar decisiones. Siempre lo hemos hecho”.
Por eso las y los firmantes suscribimos la notificación: “óiganlo muy bien, nos vamos a regresar a nuestros pueblos, pero estamos juntando vientos. Nosotros exigimos el derecho a la libre determinación porque el pueblo maya es sujeto de derecho y que la única ley posible, sea una ley que reconozca que tenemos el derecho de hacer nuestras leyes”.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM