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De acuerdo con el magistrado responsable del área de Justicia Penal para los Adolescentes del Tribunal de Justicia, las políticas públicas enfocadas a atender los problemas de farmacodependencias son dispersas y poco efectivas, porque el problema creciente de los jóvenes y las drogas no ha sido debidamente controlado.
“Es cierto que hay organismos que trabajan en esta materia, pero sus esfuerzos no son transversales, no hay una coordinación de esfuerzos para reducir el impacto de las drogas entre la población juvenil”, comentó.
Altamirano Escalante, quien rindió protesta como integrante del patronato del Centro de Integración Juvenil que preside la comunicóloga Laura Castro Gamboa, habló sobre la situación legal de cientos de jóvenes infractores y su vínculo con las drogas.
“Uno de los problemas más graves es que en las familias las adicciones no se reconocen como un problema, no se atiende y tampoco se ataca como una responsabilidad dentro del quehacer correspondiente a las tareas de integración de la salud familiar”, añadió.
“En este momento hay un debate sobre la legalización de la marihuana, pero en realidad este tema es disperso, aunque hay aspectos legales que se incluyen y otros que no se toman en cuenta”, agregó.
Hoy en día el consumo de estupefacientes en jóvenes va en aumento, ya que la autoridad no logra concretar una solución para evitar que los jóvenes caigan en la adicción; para reducir el consumo de drogas, es preciso que la sociedad advierta sobre los peligros que conlleva; debido a esto se han incrementado la cantidad de muchachos que se convierten en adictos a las drogas y que al final acaban en problemas con la justicia.
“Hay programas preventivos, hay organismos que trabajan todos los días, pero no se atacan los problemas de manera directa. Es en el origen donde hay que ir para resolver los problemas de adicciones de los jóvenes”, comentó.
“Muchos de estos problemas no se atacan o no se denuncian, es por eso que el problema crece, no se responsabiliza y tampoco la autoridad se compromete a cumplir la ley”, sostuvo.
La ley ha tomado determinaciones para atender la venta de la marihuana. Sin embargo, no integró una ley complementaria, es decir, no hay mecanismo para conocer quién debe de sembrar, cosechar, vender e incluso donde se debe distribuir.
Recalcó que la autoridad no puede actuar en consecuencia y se mantiene el alto grado de irresponsabilidad sobre el uso, manejo y control de la droga.
“Las autoridades deben ahora entender la responsabilidad de invertir mucho más en prevención, porque ya autorizó el uso de una sustancia, pero no reglamentó su venta”, finalizó.
