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•En rueda de prensa, el senador priista explicó los motivos para votar en favor de la ampliación de las fuerzas armadas hasta el 2028. Mandó un mensaje a sus detractores: «La línea es poner a Marín en la misma bolsa que los demás»
Mérida, Yucatán, a 8 de octubre de 2022.– El senador priista Jorge Carlos Ramírez afirmó que no recibió dinero, ni le limpiaron sus expedientes, en caso de que tenga una denuncia por los malos manejos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) ni otras maledicencias que han dicho sus detractores para votar en favor de la ampliación de las fuerzas armadas hasta 2028.
Su votó en favor fue porque se planteó una estrategia propuesta que incluye controles, límites y plazos para que el Ejército regrese a los cuarteles en 2028 y, también, reconoció que la bancada de Morena y aliados aceptó sus aportaciones, excepto que intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los panistas, en voz de la ex alcaldesa Ana Rosa Payán Cervera o el alcalde Renán Barrera Concha, quieren poner al “Prócer” en la misma bolsa que los demás (legisladores yucatecos). «Pero están equivocados porque Paz y los demás no estuvieron en la mesa de interlocución», precisó en rueda de prensa realizada en su casa de enlace.
«Los panistas están dolidos porque su senador los abandonó y ese es problema de ellos. Ramírez Marín es senador por Yucatán, lo eligieron. No lo nombró el PAN ni entró de repechaje», recordó.
Si bien se ha definido como un detractor de la Cuatroté, Ramírez Marín comentó que la molestia de los senadores panistas ha sido porque se les cayó la estrategia contra el mandatario.
«Yo sé que a los otros les hubiera gustado darle un pescozón al presidente y que su partido perdiera la votación. Ganas no faltan. ¿Te quedas con tu molestia e ira, que muchas veces es electoral o haces algo para cambiar las cosas? Creo que estamos cambiando las cosas», afirmó.
Aclaradas las politiquerías, el senador explicó los tres puntos de porque su voto fue en favor.
En primer lugar, el Ejecutivo Federal enviará a una comisión bicameral, que integraran senadores y diputados, un informe que incluirá la acción militar en materia de seguridad, avance de la consolidación de la Guardia Nacional como una fuerza civil y avance y consolidación de policías municipales y estatales.
La Comisión Bicameral tendrá facultades para citar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC). Anteriormente, la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside el morenista Ricardo Monreal Ávila, tuvo la facultad de hacerlo; hoy día y con las modificaciones, la Comisión podrá hacerlo, aseveró el legislador.
También se deberá verificar y analizar el informe para elaborar unas conclusiones que serán distribuidas a las Cámaras Alta y Baja que serán votadas para enviárselas como recomendaciones al Poder Ejecutivo. «Cada seis meses sabremos donde no es necesaria la presencia del Ejército», precisó.
Los otros dos puntos incluyeron que cada año los gobernadores tendrán que informar el avance de sus policías locales y se contará con un fondo especial para el fortalecimiento de las corporaciones municipales y estatales que es diferente al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG).
El nuevo fondo tiene la particularidad que beneficiará a las entidades con mayor seguridad los recursos adicionales con base en lo bien que realicen el trabajo, señaló. Yucatán será de las pocas entidades beneficiadas, en especial, por el crecimiento poblacional que ha tenido por la migración.
«Logré que la oposición, Morena fundamentalmente, la votará con este cambio que el 25% de este fondo se divida en Estados que tienen excelencia en seguridad. Créanme son muy pocos, a Yucatán le tocarán muchos recursos para continuar profesionalizando su policía… Eso sí, la Comisión Bicameral supervisará estrictamente que los recursos se utilicen solo en seguridad pública», señaló.
La tarea de los militares en la seguridad pública es más razonable a que los pongan a construir el parque de La Plancha, el aeropuerto o administrar una aerolínea. «No nos debe aterrorizar que los militares cuiden las calles de Acapulco o las playas de Zihuatanejo, si no que un día digan que el poder civil no pudo, así que vamos a poner un poder militar. Eso nos debe aterrorizar, el único freno es lo que pusimos nosotros», comentó.
