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•«Nada más no queremos que trabajen como servidores públicos y sigan perpetuando la violencia las mujeres, ocupando un escaño y teniendo fuero desde el cual poder seguir violentando mujeres», precisó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE)
Mérida, Yucatán, a 18 de octubre de 2022.– Ni un paso atrás en la 3 de 3 contra la violencia que ya fue aprobada por unanimidad por las fuerzas políticas que integran la presente legislatura local, comentó Carla Humphrey Jordán, consejera electoral del INE, quien impartió una plática en la Sala Consuelo Zavala en el Recinto Legislativo del Congreso del Estado.
La ponente calificó de «extraordinaria» de que por ley ningún agresor de mujeres, deudor alimentario o moroso pueda ocupar espacios de liderazgo político y que, esa misma condición, será aplicada para las candidaturas. «A nivel nacional, Yucatán ha tenido un liderazgo en ese tema», reconoció.
Pero, señaló, hace falta contar con los registros públicos de violentadores de género. «Tenemos que trabajar, a nivel nacional y desde las entidades federativas, por crear estos registros para poder saber a quienes postulan para el cargo de elección popular y, como autoridades, restringir a estas personas cuando estén en este padrón», explicó.
También planteó que se deben tomar otras medidas para prevenir, atender, erradicar, sancionar y reparar la violencia política en razón de género, pues hoy día las sanciones no son inhibitorias y se tiene un caso que ya reincidió como 11 veces.
Sobre la acción de inconstitucionalidad contra “la 3 de 3” que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la consejera electoral opinó lo siguiente: «Me parece increíble, como decir que se violenta la libertad de trabajo. No. Nada más no queremos que trabajen como servidores públicos y sigan perpetuando la violencia las mujeres, ocupando un escaño y teniendo fuero desde el cual poder seguir violentando mujeres».
Afortunadamente, recordó, la Corte avaló una reforma para quien quiera ser comisionada o comisionado en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo es no ser deudor alimentario moroso.
«La finalidad constitucionalmente válida es la protección transversal del derecho a recibir alimento hizo que se confirme esa reforma en Hidalgo. Además, este requisito incentiva para que las personas deudoras alimentarias morosas cumplan con sus obligaciones. Esto es una buena señal de la Corte, vamos por buen camino. Yo espero que resuelva así la (constitucionalidad) de Yucatán», mencionó.
