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Son varias las oficinas que incurren en violencia institucional, pero son cinco las señaladas por las quejas de las mujeres maltratadas, llevándose el primer lugar en revictimizar a las mujeres, el Poder Judicial del Estado, encabezado por el magistrado Marcos Celis Quintal.
Los jueces y magistrados, de acuerdo con versiones de activistas por los derechos de las mujeres, siguen golpeando a las mujeres con el maltrato institucional, al dar a los golpeadores bajas sentencias que les permiten tanto no pisar la cárcel, como salir en un mínimo de tiempo; los jueces no aplican medidas cautelares contra estos individuos, que garanticen la protección de las víctimas, a pesar que muchas veces se ha demostrado el peligro que corren, no solamente las mujeres, sino en muchos casos los hijos.
PRODEMEFA está en segundo lugar en esta lista, instancia que depende del DIF Yucatán, pero que en muchas ocasiones no protege a las mujeres maltratadas ni a sus familias; cuando hay separación debido al exceso de violencia familiar, muchas de ellas son despojadas de sus hijos, porque los maridos ejercen poder económico que termina por convencer a los funcionarios, según denuncias las activistas.
El tercer lugar es para el Instituto para la Igualdad entre Hombes y Mujeres; su directora Alaine Briceño, no ha emitido ninguna postura respecto a los feminicidios en Yucatán y únicamente está como objeto decorativo, reforzando la “cosificación” de las mujeres, algo que es contra lo que luchan las activistas por los derechos de las mujeres.
Las activistas consideran que el Congreso del Estado y los diputados, están en cuarto lugar por las pésimas modificaciones a la legislación, que entre otras cosas han permitido que el abuso sexual ya no sea considerado grave, lo que permite la liberación de muchos violadores de niños.
Y para finalizar, consideran que la Fiscalía General del Estado ocupa el quinto lugar, por la falta de sensibilidad en atención a víctimas de maltrato doméstico.
