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- Arranca la elección del 2027 en un contexto de incertidumbre institucional, advierte Observatorio Electoral
Dulce Ma. Sauri Riancho*
Yucatán, México, 2 de noviembre de 2026.- (SEMlac).- La mayoría puede designar al árbitro; el acuerdo plural contribuye a darle la confianza que necesitará para ejercer su responsabilidad.
La renuncia anunciada por Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abre una nueva disputa por la conducción del árbitro en pleno proceso electoral. Su salida ocurre en medio de señalamientos de irregularidades en cuantiosas contrataciones del INE, que deberán investigarse, esclarecerse y sancionarse.
La Cámara de Diputados tendrá que elegir a quien concluya el periodo para el que Taddei Zavala fue designada, hasta 2032. La decisión tendrá consecuencias que van más allá de los comicios de 2027, pues la persona elegida encabezará también la organización de la elección presidencial de 2030.
Otra vez será necesario decidir si el nombramiento se construye mediante un acuerdo amplio o si la mayoría gobernante impone su voluntad. Ya hemos recorrido ese camino.
La lección de 2003
En 2023, cuando la Cámara de Diputados se preparaba para renovar tres consejerías y la presidencia del INE, numerosas voces insistieron en la necesidad de alcanzar un acuerdo entre la mayoría y las oposiciones. La experiencia de 2003 aconsejaba prudencia.
Aquel año, las mayorías del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) dejaron fuera al Partido de la Revolución Democrática (PRD) de la designación del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), que habría de arbitrar la elección presidencial de 2006. La exclusión no explica por sí sola la crisis que siguió al apretado resultado, pero fue uno de los combustibles de la desconfianza hacia la autoridad electoral.
El desenlace es conocido: se hizo indispensable una reforma constitucional que, en 2007, modificó la integración del Consejo y adelantó la salida de su presidente y de parte de sus consejeros.
La lección pareció asimilarse. En diciembre de 2011, cuando la ausencia de tres consejeros amenazaba el funcionamiento del IFE durante la preparación de la elección de 2012, la Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo para cubrir las vacantes.
El 15 de diciembre fueron elegidos Lorenzo Córdova Vianello, María Marván Laborde y Sergio García Ramírez. El primero era considerado cercano al PRD; la segunda, al PAN; y García Ramírez había sido secretario general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. Sus trayectorias académicas y profesionales les daban reconocimiento propio, más allá de toda duda.
Hubo 385 votos a favor y algunas abstenciones. Las cercanías políticas no desaparecieron, pero las principales fuerzas asumieron que el árbitro debía contar con un respaldo más amplio que el de una sola mayoría.
Del acuerdo a la tómbola
En 2014, el IFE se convirtió en INE. La Cámara eligió a los once integrantes del Consejo fundador con 417 votos a favor, 41 en contra y cuatro abstenciones. La reforma político-electoral surgida del Pacto por México encontraba así una primera expresión en la integración del nuevo organismo con el consenso de los partidos. El principio de las decisiones colegiadas en el órgano máximo quedó consagrado en la ley.
El esfuerzo por construir acuerdos se mantuvo en el relevo de 2020. Morena y sus aliados tenían una amplia mayoría, pero buscaron el respaldo de la oposición para nombrar a Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Uuc-kib Espadas y Martín Faz. La votación fue de 399 a favor, cinco en contra y cinco abstenciones.
En 2023 las cosas comenzaron a descomponerse. Pese a las advertencias sobre la importancia de alcanzar un acuerdo para la presidencia y las tres consejerías vacantes, la negociación fracasó. Por primera vez se recurrió a la insaculación prevista en la Constitución.
La “tómbola” era un recurso considerado por la ley para resolver la falta de acuerdo. Pero también fue la expresión del fracaso político para construirlo. De la quinteta destinada a la presidencia salió el nombre de Guadalupe Taddei Zavala; por el mismo procedimiento fueron designados Jorge Montaño Ventura, Rita Bell López Vences y Arturo Castillo Loza.
El proceso de este año fue todavía menos venturoso. Al concluir sus periodos Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera —consejeros de intensa y libre participación—, la mayoría de Morena y sus aliados impuso con 334 votos a Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga.
La oposición rechazó los nombramientos y cuestionó el proceso de selección, las cercanías políticas de los perfiles y, en el caso de Chávez, su elegibilidad por haber encabezado Talleres Gráficos de México, institución que imprime material electoral. La mayoría calificada alcanzó para designarlos, pero no para construir un acuerdo con las oposiciones.
El relevo y sus señales
La salida de Taddei Zavala obliga a iniciar un nuevo procedimiento en pleno proceso electoral, que comenzó el 10 de septiembre. Habrá convocatoria, inscripción de aspirantes, evaluación y una quinteta que se presentará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
Antes habrá que integrar el Comité Técnico de Evaluación. Desde la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que nombraba a dos integrantes, el Comité pasó de siete a cinco: tres designados por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Esa integración será una primera señal. Si se selecciona a personas dispuestas a cumplir instrucciones, más que a evaluar con independencia y proponer a las mejores, el resultado quedará condicionado desde el principio. La negociación posterior o, en su caso, la tómbola, operará sobre los nombres que hayan superado ese filtro.
La segunda señal será la convocatoria y sus plazos. ¿Habrá tiempo suficiente para revisar trayectorias, evaluar capacidades y discutir públicamente los perfiles? ¿Se buscará resolver antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre?
La tercera será el trato a las oposiciones. Su peso legislativo puede ser menor que el de la coalición gobernante, pero representan a millones de ciudadanos y ciudadanas cuyo derecho a confiar en la imparcialidad del árbitro merece ser tomado en cuenta.
La cuarta e indispensable señal será la reforma legislativa para que el Consejo General del INE recupere sus facultades para decidir en forma colegiada sobre nombramientos y cargos. El ejemplo de Taddei Zavala es ilustrativo del efecto corrosivo de la concentración en una persona de lo que hasta 2025 se resolvía conjuntamente.
El relevo abre también preguntas sobre la elección presidencial de 2030. ¿Cómo jugará su carta la presidenta Sheinbaum? ¿Ricardo Monreal abrirá el proceso para que emerja una personalidad a la altura del reto? ¿O prevalecerá la búsqueda de lealtades sobre la independencia y el prestigio necesarios?
Quien llegue a la presidencia del INE tendrá que emprender una tarea semejante a la de Hércules en los establos de Augías: primero, limpiar la casa y atender las consecuencias de las irregularidades denunciadas. Solo así podrá recuperar la confianza y fortalecer a una institución que necesita a sus consejeras, consejeros y personal administrativo fuera de toda duda y comprometidos exclusivamente con la legalidad.
La nueva presidencia no podrá hacerlo, como Hércules, ni sola ni en un día. Tampoco bastará cambiar a una persona si permanecen las condiciones que debilitaron al árbitro.
Se lo dijimos entonces y se lo decimos ahora: la mayoría puede alcanzar para nombrar, pero la confianza se construye con independencia, capacidad y acuerdos. Ningún interés partidario, personal o familiar está por encima del interés de la nación y de su derecho a elecciones confiables.
*La autora es Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán.