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Publicado por Diario de Yucatán
Investigan a ex candidatos
La Vice fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales investiga al director del sistema COBAY en Yucatán, Porfirio Trejo Zozaya, y a los ex candidatos priistas Mauricio Sahuí Rivero y Víctor Caballero Durán, por el presunto desvío de $120 millones de recursos públicos para influir en la pasada contienda electoral.
También investiga a la regidora de Mérida Sofía Castro Romero, por la falsificación de firmas de electores denunciada por María de Lourdes Rosas Moya, presidenta consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC).
Entrevistado en sus oficinas, el vice fiscal informó que entre las últimas denuncias que recibieron por las pasadas elecciones destaca la presentada por Víctor Hugo Lozano Poveda, representante del PAN ante el Consejo Electoral del Estado, contra el director del COBAY y candidatos del PRI.
En la denuncia se explica que Trejo Zozaya, aprovechando su situación como director del sistema COBAY, hizo diversas manifestaciones en las que persuadió a los electores, prometiendo el pago $1,000 mensuales en los próximos seis años, por parte de Caballero Durán, candidato del PRI a la alcaldía de Mérida, y Sahuí Rivero, a la gubernatura, por ser “promotores del gobierno”.
Supuestos pagos
La denuncia añade que el director del COBAY fue más allá de simples promesas como coacción del voto a sus subordinados, porque adelantó el supuesto pago a los promotores en caso de ganar la elección.
En el expediente se puntualiza que el funcionario expresamente confesó que el pago empezó desde junio pasado.
También se añade que Sahuí Rivero, en sus redes sociales, confesó que son 120,000 promotores yucatecos, de modo que en principio los denunciados destinaron recursos públicos por $120 millones para hacer el pago correspondiente a junio.
Se presentaron como pruebas un disco compacto con una grabación que dura un minuto 54 segundos, en la que el funcionario promete y entrega $1,000 para cada promotor, y fotografías que acreditan el apoyo y uso de recursos públicos (material y humano) con la intención de influir en el electorado a favor de candidatos del PRI.
En el caso de la regidora del partido Morena, se trata del informe donde se precisa que diversos ciudadanos incurrieron en inconsistencias e irregularidades en el manejo de firmas de ciudadanos.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA
