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Mérida, Yucatán, a 11 de mayo de 2022.– El tardío envío de los recursos federales para la operación de los 72 refugios de mujeres víctimas de violencia de México llegó a la tribuna del Congreso del Estado, donde se pidió a la Federación que ministre los dineros para salvaguardar las vidas de mujeres e hijos.
La diputada panista Manuela Cocom Bolio expuso: «Hacemos un atento y respetuoso llamado para que la federación envíe los recursos que le corresponde para el funcionamiento de estos refugios y de esta manera, se pueda seguir apoyando a mujeres y sus familias que son víctimas de violencia extrema en nuestro Estado».
En Mérida, el Centro de Atención y Refugio para Mujeres con o sin Hijas o Hijos en Situación de Violencia Extrema, mejor conocido por sus siglas como CAREM, atiende solamente ocho núcleos familiares cuando cuenta con 16 habitaciones con capacidad para recibir hasta 12 núcleos familiares.
«Desde hace cuatro meses la Federación no ha enviado los recursos que le corresponden para el debido funcionamiento de estos refugios», añadió la legisladora por el Distrito 6 Local.
El diputado morenista Rafael Echazárreta Torres usó la palabra para defender a la Cuatroté y pedirle al gobierno estatal que no se excuse por la falta de recursos federales para desatender el problema de violencia de género en Yucatán, pues cuenta con 800 millones de pesos, de libre disposición, que puede redireccionar para el CAREM.
Más años de cárcel para los agresores de mujeres embarazadas
Por unanimidad, los asambleístas del PAN, Morena, PRI, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PRD aprobaron la iniciativa la reforma para elevar la pena para el delito de violencia familiar y feminicidio, cuando la víctima esté embarazada. Es decir, el castigo pasa del mínimo de dos a tres años a una máxima de siete a ocho años.
De igual manera se incluyó como agravante que si este delito se comete cuando la mujer curse un embarazo o hasta los seis meses posteriores al parto, la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras más de la pena máxima.
En su intervención a favor, la diputada priista Karla Franco Blanco afirmó: «Aquel que atente contra la vida e integridad de nosotras las mujeres lo pague con más años de cárcel. Esto, atendiendo a que tristemente los delitos más graves como el feminicidio, muchas veces, tiene como punto de partida indicios de violencia familiar».
En asuntos generales, la diputada panista Karem Achach Ramírez presentó la iniciativa para que la tentativa de feminicidio se sancione con prisión y que «este tipo de violencia no se pueda clasificar como otro delito si existe por lo menos una de las razones de género establecidas para los casos de feminicidios».
«Esta homologación es necesaria, porque se requiere un verdadero castigo para los agresores. Muchas mujeres siguen a la espera de justicia y muchas otras sólo han visto cómo sus agresores quedan en libertad porque fueron sancionados con delitos menores», afirmó la legisladora por el Distrito 3 Local.
